Las personas que asumimos espacios de representación política estamos frente a una encrucijada histórica. El acuerdo que existe a nivel de analistas, formadores de opinión y dirigentes en que las prácticas políticas están interpeladas por la sociedad es tan amplio como el abanico de argumentos y posibles causas para fundamentarlo.
Nuestra fuerza política ha dedicado en los últimos meses horas de escucha, intercambio y debate para interpretar las raíces del descontento de la sociedad. Gobierno y oposición igualmente interpelados por una sociedad que exige respeto a la inteligencia de la ciudadanía, compromiso de trabajo y altura a la hora de abordar los problemas.
No podemos barrer debajo de la alfombra. Nos toca a las personas que ocupamos espacios de representación asumir la situación y trabajar con mucha modestia en generar un sistema político a la altura de la sociedad que somos y queremos seguir siendo.
El gobierno de izquierda no ganó las elecciones para pasarle una factura al gobierno anterior y mucho menos para refundar la patria. Ganamos para cumplir con un programa de cambios en el que día a día trabajamos.
Por estas horas se aprobará en la segunda cámara el proyecto de Rendición de Cuentas. Una ampliación de la inversión destinada a primera infancia, educación, seguridad y el abordaje de las personas en situación de calle. El rechazo de la posibilidad de explorar acuerdos antes de empezar el debate da la pauta del talante que pretende instalar una parte de la oposición.
En cada departamento que recorrimos en este proceso elaboramos documento planteando el impacto de las políticas que definimos en cada una de las localidades que, de norte a sur, constituyen nuestro país. Una agenda de transformaciones sociales que cumple con los compromisos de la campaña electoral que nos llevó al gobierno, que mejoran las condiciones de vida de las grandes mayorías, privilegiando a los sectores más postergados. Ninguna de estas iniciativas se convirtió en prioridad de la agenda pública.
El escenario en el que llevamos adelante el gobierno tiene pocos precedentes cercanos. Un mundo en constante transformación y con reglas internacionales debilitadas; un nivel de endeudamiento en la ejecución presupuestal que supera lo anunciado por el gobierno saliente.
A estas dos condicionantes, se suma una que tendría que darnos un baño de humildad a todos los dirigentes políticos. La ciudadanía eligió un parlamento sin mayorías preestablecidas. El mandato de la ciudanía a sus representantes es trabajar para entenderse sobre los grandes temas del país.
Tenemos un presidente que entendió ese mandato. No crispa el debate público. Dialoga y abre las puertas de la Presidencia de la República para generar amplios entendimientos, poniendo por encima el bienestar de las personas sobre las banderas partidarias. Todas y todos estamos aprendiendo a funcionar en el marco de un nuevo escenario que es el resultado de la voluntad popular.
Sin embargo, este imperativo de la soberanía de la nación parece chocar una y mil veces con prácticas importadas, modas internacionales que se están llevando puestas democracias e instituciones en el mundo. La mentira como una forma habitual, la descalificación personal del adversario como costumbre diaria.
En un mundo con desafíos gigantes es imprescindible generar un sistema político capaz de interpelarse. No concebimos la política a través del insulto y la descalificación. Entendemos que cuanto más alta la responsabilidad, más necesarios son los mecanismos de contralor. Pesos y contrapesos que preservan la República de las humanas veleidades.
La investigadora de Cardama no es una revancha contra el gobierno anterior y mucho menos un intento de persecución al anterior presidente. Es una responsabilidad institucional y política de la fuerza gobernante para cumplir con el deber de preservar nuestro rico patrimonio y ser celosos defensores de los dineros públicos que salen del bolsillo de las personas.
Cada peso que se asigna a la primera infancia, la educación o la seguridad es fruto del esfuerzo de la ciudadanía. Por esa misma razón, cuidar el dinero público, auditar con rigor el gasto público, es una responsabilidad del gobierno.
Desde el primer momento entendimos esto como una defensa de los intereses del país, en la que esperábamos contar con todo el sistema político. Seguimos sin entender cómo algunos representantes de la oposición prefieren sostener los argumentos de la empresa que estafó a nuestro país y no los que sostiene el Estado uruguayo.
En estos días he presenciado, atónito, la indignación de hombres del Partido Nacional —y del Partido Colorado, por añadidura—, molestos por una conferencia de prensa realizada con motivo del final de la comisión investigadora del caso Cardama.
Cualquiera que mire la conferencia no encontraría motivo para tanto enojo. Sin embargo, se dio, debido a que se dijo en ella que Lacalle Pou tiene responsabilidad política en el caso, al igual que los ministros de Defensa y directores políticos del propio ministerio. Parece ser que lo que en su momento fue asumido como consigna principal de la campaña que lo llevó a presidente, hacerse cargo, hoy es visto como una injuria desleal.
El anuncio del expresidente en 2021 terminó en esta situación, al punto de que el propio ministro Castaingdebat planteó que él debería estar preso por “nabo”. A todas luces, el de Cardama fue un negocio ruinoso en el que, además, nos embromaron con garantías falsas. Esto ocurrió luego de que el propio Banco de Seguros del Estado negara los avales para estas garantías, a pesar de que la mayoría de los integrantes de su directorio fueron nombrados por el gobierno de Lacalle.
Hubo múltiples advertencias por parte del estudio Delpiazzo sobre la poca seriedad de la empresa. Durante meses la empresa no consiguió ninguna garantía y, a último momento, colocaron una garantía de una entidad financiera que estaba en proceso de liquidación, al punto de que donde decían que había un banco, había una inmobiliaria. Los hechos hablan por sí solos.
Tenemos la responsabilidad de entender que detrás de un gobierno —el pasado o el nuestro— hay responsabilidad por las decisiones que se adoptan, y ponerlo en palabras no es una causal que habilite a dinamitar puentes. Hay quienes rechazan, luego de impulsarla, participar de una reunión con el presidente de la República sin decir por qué.
Nosotros, con sobriedad, insistimos en que Lacalle Pou tiene responsabilidad política, por ser entonces presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sobre otros extremos que no lo incluyen a él y que parecen ser hechos de apariencia delictiva, simplemente esperamos que resuelva la justicia.