La agresión denunciada por Valeria Ripoll y su hija, atribuida a adolescentes de un hogar del INAU, y la posterior medida judicial plantean una discusión que trasciende el episodio.

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La presidenta y el vicepresidente del INAU cuestionaron públicamente la decisión judicial, calificándola de una «muy triste noticia». Aunque fueran personales, sus declaraciones no pueden desligarse de sus cargos.

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Las resoluciones judiciales deben acatarse, sin perjuicio de los recursos y demás mecanismos legales disponibles para quienes estén legitimados a utilizarlos. El INAU tiene, además, la obligación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su protección. La privación de libertad debe ser excepcional y proporcionada, pero corresponde a la Justicia valorar las circunstancias y fundamentar sus decisiones. Invocar ese principio general no demuestra, por sí solo, que la medida adoptada haya sido improcedente.

El punto cuestionable no es que las autoridades del INAU defiendan los derechos de las adolescentes —esa es una obligación inherente a sus funciones—, sino la forma, los fundamentos y el mensaje institucional de su cuestionamiento público a una decisión judicial. Defender derechos exige rigor y respeto a la independencia judicial.

Importan las señales institucionales. Quienes protegen y orientan a adolescentes deben cuidar sus mensajes sobre normas, límites y consecuencias.

Las conductas violentas requieren respuestas claras, oportunas y consistentes. La ausencia de consecuencias puede contribuir a su reiteración. Comprender las circunstancias de un adolescente no significa justificar la violencia. Establecer límites y consecuencias proporcionales, con garantías y sentido educativo, es compatible con proteger sus derechos. La alternativa a la permisividad no es el castigo indiscriminado.

Pero el debate no debería detenerse en la reacción ante un incidente. El desafío es pasar de una lógica reactiva a una gestión de trayectorias. La primera interviene ante la crisis; la segunda reconstruye los procesos previos, identifica riesgos y factores protectores, interviene y revisa resultados. No se trata de etiquetar adolescentes ni de presumir destinos inevitables, sino de reducir vulnerabilidades y la reiteración de daños.

Desconocemos las evaluaciones y planes individuales, que merecen reserva. No podemos afirmar que una intervención habría evitado el episodio. Lo pertinente es examinar si el INAU dispone de herramientas suficientes para atender situaciones de alta complejidad.

Esta transformación exige cambiar la temporalidad institucional. La urgencia seguirá existiendo, pero no puede organizar toda la gestión. Cada adolescente necesita evaluación integral, objetivos verificables, responsables identificables y seguimiento longitudinal. Los Planes de Atención Individual (PAI) deben orientar decisiones reales y actualizarse según los avances y dificultades observados. Gestores de casos, respaldados por equipos multidisciplinarios que revisen periódicamente las situaciones asignadas, permitirían dar continuidad a intervenciones frecuentemente fragmentadas.

Es imprescindible definir el perfil de los trabajadores. Intervenir con adolescentes que presentan conductas disruptivas o violentas requiere conocimientos sobre desarrollo psicológico, desescalada de conflictos, manejo de crisis, establecimiento de límites, abordajes informados por el trauma y trabajo interdisciplinario. No basta con buena voluntad ni con incrementar personal sin precisar competencias, formación, supervisión y apoyo continuo. Los trabajadores necesitan condiciones seguras para cumplir su tarea.

Una dificultad particularmente relevante es la atención de adolescentes con necesidades complejas de salud mental, comportamiento y consumo problemático de sustancias. La investigación documenta frecuentes problemas de salud mental en adolescentes bajo acogimiento residencial. Las necesidades no son homogéneas: algunos requieren atención ambulatoria; otros, intervenciones intensivas; y algunos, hospitalización aguda. Las respuestas deben ser individualizadas y lo menos restrictivas posible.

En 2024, durante mi desempeño como presidente del INAU, formulé una propuesta de creación de centros regionales terapéuticos, documentada en el expediente N.º 2024-27-1-0033980. Su propósito era cubrir el vacío entre la internación hospitalaria y el hogar residencial convencional para adolescentes que necesitan atención especializada, intensiva y sostenida, sin requerir hospitalización aguda.

Su rasgo distintivo no era el alojamiento, sino el componente terapéutico: equipos interdisciplinarios, planes individualizados, rehabilitación, continuidad educativa y reconstrucción de vínculos. Estos centros debían integrarse al sistema de salud mental y hospitalario, con criterios claros de ingreso, egreso y seguimiento. Implementarlos exige recursos, garantías y evaluación.

Cuando las autoridades reconocen problemas estructurales y anuncian acciones de corto, mediano y largo plazo, corresponde preguntar por objetivos, responsables, plazos e indicadores de resultados. Una política pública se mide por sus resultados, no solo por sus actividades.

Proteger a los adolescentes y proteger a quienes pueden sufrir sus conductas no son obligaciones opuestas. Tampoco lo son el acompañamiento terapéutico y la exigencia de responsabilidad. La señal institucional debe ser inequívoca: los derechos se respetan, la violencia no se normaliza y las decisiones de la Justicia se acatan.

El punto de inflexión no estará en administrar mejor la próxima emergencia, sino en disminuir su recurrencia. Mientras actuemos principalmente sobre las consecuencias, sin modificar las condiciones que las producen, seguiremos administrando crisis en lugar de transformar trayectorias.

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