Tras la intervención del presidente Yamandú Orsi, el Ministerio de Salud Pública que dirige Cristina Lustemberg decidió revertir la decisión de reducir la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles, que fue encontrada responsable en el caso de mala praxis que condujo a la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
El caso deja en posición vulnerable a la ministra, que había sido duramente cuestionada a nivel político por corregir de forma más benévola una sanción aplicada durante la pasada administración con el asesoramiento de la Comisión Honoraria de Salud Pública.
De hecho, la decisión de Lustemberg —que bajó de cinco a tres años la inhabilitación para el ejercicio de la medicina a Miralles tras la presentación de un recurso por parte de la involucrada—, motivó la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión, un grupo de notables de la medicina que tiene por objeto asesorar al MSP.
En la revisión de la decisión a instancias de Presidencia, la nueva disposición fija otra vez en 5 años la sanción a Miralles y menciona nuevos elementos que se sumaron al análisis. Entre ellos, cita la resolución judicial que condena a la anestesista como responsable por la muerte de Barrera y el acuerdo civil con la familia de la víctima, además de un informe de otra mutualista donde se identifican irregularidades de Miralles en el manejo de opioides.
La resolución, que lleva la firma de Orsi y de Lustemberg, dice que “una nueva valoración de la prueba” que agrava los hechos, lleva a hacer lugar a la solicitud de la familia de Barrera —que había recurrido la decisión de la ministra— de reinstalar la pena anterior.
Pero un día después de esta revisión, y en una declaración en la que respalda a Lustemberg, el presidente Orsi afirmó a la prensa que el MSP había sido “inducido a error” en la decisión de rebajar la pena.
Lo que nos lleva a la pregunta del título. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se sumaron nuevos elementos que llevaron a revisar el cambio el quantum de la sanción como argumenta el MSP o hubo un mal asesoramiento previo a la decisión original de la ministra de reducir la pena, como dice el presidente? Porque no parecen ser versiones que puedan coexistir, ni dar coherencia al relato oficial.
De hecho, cuando Orsi cita la revisión “compartida” con la ministra, hace referencia a “una definición de la jurídica” del MSP que “la jurídica de Presidencia no compartió, y por eso” se toma la decisión. En ningún momento Orsi menciona “nuevos elementos”, como se citan en el segundo informe redactado por el jefe de Jurídica del MSP, Martín Esposto, que revisa su recomendación de reducir la pena aconsejada en su primera intervención en el caso.
Más aún, cuando en esta nota de Santiago Soravilla y Ramiro Pisabarro se deja claro que la decisión de revisar la medida fue una solicitud que Orsi le realizó a Lustemberg, luego de que tanto la madre de Barrera como su padre le solicitaran Justicia para su hija.
Si la ministra fue inducida a error, ¿no corresponde identificar y explicitar responsabilidades? ¿No hay consecuencias de inducir al error a un ministro de Estado que tiene que afrontar el costo político de sus decisiones, cuando estas son revertidas por el presidente? Más aún cuando lo que está en discusión es una sanción por la pérdida de una vida por un caso de mala praxis.
Respuestas que tendrán que dar las autoridades.