El presidente de la República, Yamandú Orsi, respaldó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, después de que la oposición pidiera su renuncia tras la rectificación de la sanción a la anestesista Inés Miralles por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
Orsi dijo este miércoles en rueda de prensa que el MSP fue “inducido a error” y que la decisión inicial de cambiarle la pena –de 5 a 3 años de inhabilitación– no surgió de la determinación personal de Lustemberg sino de un informe técnico.
“Yo no comparto lo que surgió, pero no compartimos ahora, ni la ministra ni yo, porque veníamos con otro informe; un informe técnico que decía [que] había que bajar la penalización", explicó.
Ese informe fue elaborado por el director de Jurídica del MSP, el abogado Martín Esposto, quien planteó en 2025 que la comisión honoraria de salud pública no había fundamentado de forma suficiente las razones para determinar los 5 años de pena y sugirió bajarla a 3 años.
“Sin perder de vista el accionar culpable de la recurrente, el hecho de aplicar una sanción por ese período de tiempo podría ocasionar que se esté inmerso en la hipótesis del exceso de poder”, consideró en ese entonces. A su entender, las conclusiones que llevaron a la sanción fueron “pertinentes” pero como no se explicitó “con claridad” la pena a aplicar hubo “falta de motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa”. “En base a la discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad que se debe tener en toda actuación administrativa, hace que sea aconsejable mantener la sanción de inhabilitación dispuesta pero morigerar la misma, estableciéndola en tres años”, decía el texto.
Al surgir "nuevos elementos" (las demandas penales y civiles y una investigación de la mutualista Universal) Esposto hizo este 2026 un nuevo informe en el que sugirió al MSP y Presidencia volver a subir la pena.
“Haciendo una valoración de la prueba que sobrevino al dictado de la resolución, que no hizo otra cosa que agravar los hechos oportunamente denunciados y adoptando el criterio de razonabilidad, se sugiere en esta instancia hacer lugar a lo solicitado, revocando parcialmente la resolución en cuanto al quantum de la sanción, elevándola a cinco años de inhabilitación profesional sujeta a revaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar previo al vencimiento del plazo”, dice el documento.
Consultado ante los dichos del presidente sobre si corresponde tomar alguna medida respecto al responsable de Jurídica, el director general del Ministerio de Salud Pública, Rodrigo Márquez, señaló que no hay “elementos” que sugieran que se actuó fuera de norma. “Con los elementos a la vista, no tengo movimientos para hacer”, dijo a El Observador.
El jerarca también relativizó que revista gravedad que los asesoramientos cambien con el correr del tiempo, alegando que en la cartera recibe “informes jurídicos contrapuestos todo el tiempo”.
A su vez, planteó que se actuó ajustado a derecho bajo el debido procedimiento tras el pedido de Presidencia.
El Observador informó este miércoles que Orsi vivió en junio una situación peculiar al recibir en Treinta y Tres el reclamo del padre de la pediatra, quien le mostró una foto de ella, le dijo que habían llevado una carta a la Torre Ejecutiva y le solicitó que hubiera Justicia.
A partir de este episodio, Orsi –que ya había hablado del tema con la ministra– le solicitó a Lustemberg que se revisara la decisión. El ministerio ya la tenía en curso porque Lustemberg también lo había establecido con el objetivo de asesorar a Presidencia ante el recurso de la familia Barrera.
