7 de enero 2024 - 12:11hs

El ministro del Interior, Guillermo Francos, instó hoy al Congreso a aprobar la ley ómnibus presentada por el Gobierno de Javier Milei, argumentando que el país "no puede esperar cuatro años más". Además, criticó a la Justicia del Trabajo por no hacerse "cargo de la situación que vive la Argentina", especialmente después del fallo contra el capítulo de la reforma laboral del DNU de desregulación económica.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario también cuestionó el paro general convocado por la CGT en rechazo a las primeras medidas del gobierno libertario. Francos afirmó: "Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando".

"No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado”, consideró Francos. Al alertar que “no hay tiempo”, el ministro sostuvo que “si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo un año, no entra más un peso”.

“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, señaló, y completó: “Estamos haciendo un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.

La denominada ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" consta de 664 artículos y 6 anexos, proponiendo cambios significativos en diversas áreas como la económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, administrativa, electoral, previsional, social, educativa y de seguridad.

Esta ley abarca desde una reforma política ambiciosa y una nueva modalidad para establecer la movilidad jubilatoria, hasta ajustes en materia tributaria y retenciones agropecuarias, un blanqueo impositivo y la privatización de empresas estatales.

Además, aborda distintos aspectos de la vida ciudadana, desde modificaciones en la interpretación de la legítima defensa y el divorcio simplificado, hasta la ley de salud mental y el juicio por jurados, entre otras áreas.

 

 

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