Cómo la baja del delito en Rosario reabre la puerta a la inversión, el crédito y el turismo que la ciudad había perdido.
Rosario aprendió, de la forma más dolorosa posible, algo que buena parte de la dirigencia argentina todavía se resiste a comprender: la seguridad no es un capítulo aislado de la gestión pública, sino la precondición de todo lo demás.
Durante años la ciudad vivió un experimento involuntario sobre lo que ocurre cuando el Estado deja de ser el único actor capaz de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza sobre un territorio. Bandas narco disputaron barrios enteros, impusieron sus propias reglas de circulación, cobraron peajes bajo la forma de extorsiones, decidieron quién podía abrir un comercio y quién debía cerrarlo, y convirtieron al sistema penitenciario en una suerte de home-office. No fue una guerra entre el Estado y el delito: fue, en muchos barrios, una sustitución silenciosa del Estado por otra cosa. Y esa sustitución tuvo un costo que no se mide solo en homicidios, sino en algo mucho más amplio: la ciudad dejó de ser un lugar previsible, y ahí empezó a perder todo lo demás.
Conviene detenerse en esa palabra, previsibilidad, porque es la bisagra de todo el argumento. Douglass North enseñó que las instituciones existen, fundamentalmente, para reducir la incertidumbre en el intercambio humano: un contrato, una escritura, un crédito hipotecario son apuestas al futuro que solo tienen sentido si existe una autoridad capaz de garantizar que las reglas del juego no van a cambiar de un día para el otro. Cuando esa garantía desaparece, cuando cualquier emprendimiento puede ser interrumpido por una bala perdida o el cierre forzado de una cuadra, el cálculo económico se transforma: invertir deja de ser racional, y lo racional pasa a ser esperar, mudarse o sacar el dinero del circuito formal.
Acemoglu y Robinson mostraron con claridad que la diferencia entre naciones prósperas y estancadas no está tanto en los recursos disponibles, sino en si sus instituciones son inclusivas o extractivas, en si protegen los derechos de propiedad de todos o solo los de unos pocos con capacidad de imponerse por la fuerza. Una ciudad donde el territorio está parcialmente tomado por organizaciones criminales es, de facto, una ciudad con instituciones extractivas, aunque conserve todas las formas legales de una democracia. El Concejo sesiona, los juzgados funcionan, pero en ciertas cuadras la ley efectiva la dicta otro.
Por eso es un error pensar la seguridad como una política sectorial, comparable a la de salud o educación. Fukuyama lo planteó con claridad: antes de discutir qué tipo de Estado se quiere, primero hay que tener Estado, entendido como la capacidad efectiva de hacer cumplir decisiones dentro de un territorio determinado. Sin esa capacidad, cualquier plan de desarrollo económico o programa social queda flotando sobre el vacío, porque no hay autoridad que garantice su ejecución sostenida en el tiempo.
No se puede construir vivienda en un barrio que no controla el Estado; no se puede fomentar el comercio en una cuadra donde el comerciante paga un impuesto ilegal para poder abrir; no se puede pensar en universidades, polos tecnológicos o turismo urbano si la ciudad transmite la señal de que ahí gobierna, aunque sea parcialmente, otra cosa.
Ahora bien, recuperar esa capacidad no consiste simplemente en aumentar la cantidad de patrulleros en la calle, aunque la presencia policial visible cumple un rol que durante mucho tiempo se subestimó. Wilson y Kelling explicaron hace más de cuarenta años algo que sigue siendo incómodo para cierto progresismo: el desorden visible, el vidrio roto sin reparar, la plaza tomada, no es un detalle estético sino una señal de que nadie está mirando. Bratton llevó esa intuición a la práctica en Nueva York con una verdad que Rosario necesitaba atender con urgencia: no alcanza con perseguir el delito grave si se abandona el control del espacio público cotidiano, porque ambos fenómenos se retroalimentan.
Pero la recuperación del orden urbano, siendo necesaria, no alcanza si no va acompañada de algo más duro: elevar el costo esperado de delinquir. Existe un punto que la doctrina de seguridad de Patricia Bullrich retomó con fidelidad, y que hoy se está volviendo la marca de muchos que se suben al tren: "el que las hace, las paga". El delito responde a incentivos, y el incentivo más determinante no es la severidad de la pena sino la certeza de que va a existir una consecuencia. Un sicario que sabe que tiene un noventa por ciento de probabilidades de operar sin ser identificado calcula distinto que uno que sabe que la inteligencia criminal lo va a alcanzar, más aún en una Santa Fe que ahora tiene el sistema LINCE.
Ahí está el núcleo de lo bueno que se hizo en Santa Fe desde la asunción de Maximiliano Pullaro: no se trató de anunciar penas más duras en abstracto, sino de reconstruir la certeza del castigo, con inteligencia criminal profesionalizada, articulación real entre policía, justicia y servicio penitenciario, y un mensaje inequívoco hacia adentro de las estructuras narco de que operar en Rosario había dejado de ser gratis.
Y acá aparece una idea que todavía cuesta instalar en el sentido común: una organización narco funciona, en su lógica interna, como una empresa. Tiene una cadena de valor, con financiamiento, logística, distribución minorista y una estructura jerárquica que retiene el mando incluso cuando sus ejecutores están presos. El experto en criminalística Franklin Zimring dedicó buena parte de sus estudios a fundamentar, con datos de experiencias comparadas, que perseguir solo a los sicarios produce un efecto cosmético, porque el sistema tiene capacidad de reponer ejecutores en pocos días.
Lo que realmente desarma una organización criminal es atacar simultáneamente cada segmento de esa cadena: el lavado que le da salida al dinero, la logística de armas que sostiene su poder de fuego, la corrupción que le compra protección institucional, el narcomenudeo que financia su operación cotidiana, el reclutamiento que renueva su tropa, y el control carcelario que en Argentina durante años funcionó, paradójicamente, como centro de comando en lugar de lugar de castigo. Una política de seguridad seria mide su éxito no en anuncios sino en la degradación efectiva de la capacidad operativa de una organización.
Lo interesante, y lo que todavía no se explica lo suficiente en el debate público rosarino, es lo que ocurre después: cuando el delito baja de manera sostenida, ocurren decenas de fenómenos en simultáneo, casi todos invisibles para las estadísticas de seguridad pero decisivos para la vida de una ciudad. Vuelve el comerciante que había bajado la persiana; vuelve la familia que dejó de llevar a los chicos a la plaza del barrio; vuelve la inversión inmobiliaria que estaba esperando una señal para animarse; vuelve el crédito, porque ningún banco financia un proyecto en una zona que percibe como territorio en disputa; vuelve el turismo, extraordinariamente sensible a la percepción de riesgo; vuelven los eventos masivos, que además de movimiento cultural son un motor económico para gastronomía, hotelería y comercio; sube, silenciosamente, el valor del metro cuadrado en los barrios que recuperan tranquilidad. Y con todo eso vuelve algo todavía más difícil de medir pero igual de determinante: la confianza, ese activo intangible que Fukuyama identificó como el verdadero fundamento de las economías prósperas.
Nada de esto ocurre por generación espontánea, ocurre porque el orden reduce la incertidumbre, y el capital, sea financiero, humano o simplemente el capital cotidiano de una familia que decide salir a caminar de noche, siempre busca previsibilidad antes que oportunidad. Por eso conviene abandonar de una vez la idea de que la seguridad es un gasto que compite con la obra pública, la educación o el desarrollo económico. La seguridad es la inversión que hace posible que las demás inversiones tengan sentido; es, en rigor, la primera política de desarrollo, la que habilita a todas las demás.
Dicho esto, sería deshonesto cerrar esta columna con un tono triunfalista, porque la baja sostenida de homicidios es una condición necesaria pero no suficiente. Rosario está en condiciones excepcionales de aprovechar este momento, porque pocas ciudades argentinas llegan a este punto del proceso con la experiencia acumulada y la legitimidad política necesaria para dar el siguiente paso con ambición en lugar de improvisación. Hay, al menos, cinco frentes de oportunidad:
Consolidar esa experiencia cotidiana, hacerla irreversible, es en sí mismo el proyecto político y cultural más importante que Rosario tiene por delante.
Todo esto exige, eso sí, una convicción de fondo sobre qué tipo de Estado hace posible este proceso. No se trata de un Estado que pretenda regular cada aspecto de la vida social, sino de un Estado que sea verdaderamente fuerte donde tiene que serlo: garantizando el monopolio de la fuerza, sosteniendo la ley con firmeza y previsibilidad, y protegiendo con la misma decisión el derecho de propiedad y la libertad de cada vecino para trabajar, invertir y prosperar sin pedir permiso para todo lo demás.
Rosario tiene ahora la oportunidad histórica de convertir la recuperación del orden en el proyecto de desarrollo más importante de su historia reciente, el que le permita dejar de expulsar inversión y talento para empezar, por fin, a atraerlos. Porque defender la seguridad no es defender patrulleros ni cárceles: es defender el derecho de cualquier vecino a abrir un comercio, caminar tranquilo por su barrio, invertir los ahorros de toda una vida y criar una familia sin que nadie más que el Estado, en sus funciones legítimas, afecte las reglas de esa vida. Una ciudad que vuelve a ser gobernada por la ley deja de ser una ciudad que sobrevive, y empieza, recién ahí, a poder soñar con lo que quiere ser.
