El proyecto plantea crear un plan piloto para atender a 40 personas con medidas alternativas a la prisión
La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad de los 77 diputados presentes el proyecto de ley que crea un programa piloto de Justicia Terapéutica para atender a 40 personas con medidas alternativas a la prisión, una iniciativa que ahora pasará a la Cámara de Senadores.
El proyecto también había sido aprobado por unanimidad en comisión esta semana. La iniciativa busca crear un plan piloto de justicia terapéutica como "mecanismo de intervención alternativa para personas imputadas por delitos leves que se encuentren en una situación de uso problemático de drogas".
Es decir, abre la posibilidad de que personas que cometan delitos leves y tengan un consumo problemático de drogas tengan la oportunidad de acceder a un programa de rehabilitación en vez de ir a prisión.
La iniciativa del diputado colorado suplente Rodrigo Martínez, dice en su exposición de motivos que el objetivo es "ofrecer una respuesta integral, humana y eficaz al problema de la reincidencia delictiva vinculada al consumo de drogas" y plantea un "cambio de paradigma de una justicia que castiga a una que "cura, protege y reintegra".
“La propuesta plantea sustituir el encarcelamiento por un abordaje terapéutico, con equipos multidisciplinarios y seguimiento judicial especializado. No se trata de ser indulgentes con el delito, sino de ofrecer soluciones reales que ataquen la raíz del problema: la adicción y la exclusión social", plantea y asegura que se espera una "reducción significativa de la reincidencia, un alivio a la sobrepoblación carcelaria y una mejora en la seguridad ciudadana".
El proyecto crea el Programa Piloto de Justicia Terapéutica como mecanismo de intervención alternativa y tiene como objetivo reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia. Ese programa funcionaría, en caso de que el proyecto sea aprobado, en el ámbito del Poder Judicial en coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Mides y la Junta de Drogas.
El proyecto también crea una comisión de seguimiento del programa para evaluar si los cometidos se cumplen.
