El presidente Javier Milei y su equipo de ministros han promulgado un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios sustanciales en el ámbito de las tarjetas de crédito en Argentina. Esta medida, justificada en la necesidad de desregulación y adaptación a las nuevas modalidades de relacionamiento y avances tecnológicos en digitalización, coloca a los emisores en una posición prioritaria en detrimento de los clientes y los comercios.
Entre las modificaciones más significativas se encuentra la eliminación del límite de tasa que los comercios pueden ser cargados, anteriormente establecido en un 3% para tarjetas de crédito y 1,5% para débito. Además, se ha suprimido el tope de interés punitorio por demoras en el pago y derogado las sanciones a empresas por no informar la tasa de interés.
El DNU redefine el sistema de tarjetas de crédito como una serie de contratos individuales con tres propósitos principales: facilitar transacciones de compra, otorgar préstamos y anticipos de dinero en comercios e instituciones adheridas, y permitir aplazar el pago o realizar devoluciones según lo establecido en el contrato.
Bajo esta nueva normativa, cualquier entidad que esté dentro de su objeto social puede ser un emisor de tarjetas de crédito, que se define como un medio de identificación del usuario, que puede ser físico o virtual, magnético o de cualquier otra tecnología emergente, emanado de una relación contractual entre el titular y el emisor.
Adicionalmente, se establece la obligación para las entidades emisoras de hacer pública la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjetas de crédito, y se especifica que los intereses punitorios no serán capitalizables.
Este DNU revoca varios artículos de la Ley 25.065 de 1998, incluyendo la obligación de consignar datos en las tarjetas de crédito, la claridad en los contratos, la vigencia al momento de firmarse, la no generación de responsabilidad al solicitar la tarjeta, el respeto a tasas reguladoras impuestas por el Banco Central, la información a proveedores, el soporte técnico para proveedores, la restricción de informar bases de datos financieros personales, entre otros cambios significativos.
