El Gobierno licitó una obra de U$S 800 millones para ampliar la capacidad de transporte eléctrico del AMBA y puso a prueba un esquema que busca atraer inversión privada para expandir la red.
AMBA I, el primer gran desafío para ampliar la cobertura de energía eléctrica.
La Secretaría de Energía concretó el llamado a licitación para el Proyecto de Transporte Eléctrico AMBA I, una iniciativa clave para resolver los cuellos de botella del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Se trata de un paquete de 16 iniciativas estratégicas distribuidas en 15 provincias del país que sumarán más de 5.600 kilómetros de líneas de alta tensión, un incremento del 38% sobre la capacidad actual del SADI, mediante un desembolso estimado en U$S 6.600 millones provistos por el sector privado.
Este ambicioso plan responde a un diagnóstico crítico y postergado: en la última década, la demanda residencial eléctrica en Argentina creció un 20%, mientras que la red de alta tensión apenas se expandió un 8%.
Esta asimetría estructural generó severos cuellos de botella y dejó al sistema operando de forma constante al límite de sus capacidades técnicas.
El puntapié inicial del plan es la licitación nacional e internacional de AMBA I.
Con una inversión de U$S 800 millones y un aporte inicial de CAMMESA de U$S 100 millones para acelerar el inicio de los trabajos, esta obra busca solucionar de fondo el cuello de botella del Área Metropolitana de Buenos Aires, región donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.
El proyecto contempla la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas en 500 kV, 220 kV y 132 kV, una nueva Estación Transformadora en la localidad bonaerense de Plomer y sistemas de compensación reactiva (STATCOM).
La iniciativa permitirá ampliar en aproximadamente 2.000 MW la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el AMBA, una región a la que actualmente no se puede transportar más energía desde otros puntos del país debido a la falta de capacidad de transmisión.
El cronograma oficial prevé la apertura del sobre de calificación técnica y financiera para la primera quincena de diciembre de 2026, la adjudicación a inicios de 2027 y un plazo de construcción máximo de 52 meses.
Para blindar financieramente el proyecto, se está estructurando una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se habilitará al adjudicatario a acogerse a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El llamado a licitación llega después de sucesivos anuncios que anticipaban el inicio del proceso bajo el esquema de “concesión de obra pública”.
El principal desafío estuvo en estructurar el financiamiento inicial de una obra que requiere una inversión significativa antes de comenzar a generar ingresos.
La particularidad del modelo es que la empresa que resulte adjudicataria deberá afrontar la construcción y recién podrá comenzar a recuperar la inversión mediante las tarifas que pagan los beneficiarios una vez que los distintos tramos de la infraestructura entren en operación.
El Gobierno definió un mecanismo de financiamiento a partir de un “reordenamiento” de fondos de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que CAMMESA aportará U$S 100 millones para poner en marcha las obras.
La mitad de ese monto será entregada “en especie”, mediante transformadores, y la otra mitad será aportada en efectivo. Según explicó el funcionario, el desembolso no será reembolsable.
La decisión responde a una cuestión de costos financieros: si el adjudicatario tuviera que conseguir mediante deuda privada los recursos necesarios para afrontar ese primer tramo, el costo del financiamiento terminaría trasladándose al conjunto del sistema eléctrico.
Los recursos provienen de la Cuenta de Exportaciones, que concentra los fondos obtenidos por la venta de energía al exterior a un precio superior al del mercado local.
Se trata, por lo tanto, de recursos generados dentro del propio sistema eléctrico. CAMMESA no busca obtener ganancias corporativas propias: el excedente de esas operaciones constituye un recurso del sistema, que a su vez requiere subsidios del Tesoro para cubrir sus costos.
En ese sentido, aunque el Gobierno sostenga que el Tesoro no realiza un desembolso presupuestario directo para la obra, el aporte de CAMMESA involucra recursos de un sistema que recibe asistencia del Tesoro para cubrir el desfase entre lo que paga a los generadores y lo que cobra de la demanda.
Si los U$S 100 millones permiten destrabar una obra que aumenta la capacidad de transporte, reduce las restricciones y permite abastecer la demanda con generación más eficiente, la inversión puede contribuir a reducir los costos futuros del sistema y, con ello, la necesidad de subsidios.
La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por determinar si existe o no participación de recursos del sistema, sino por qué retorno genera ese desembolso inicial en términos de eficiencia y costos futuros.
A esto se suma el andamiaje de garantías necesario para completar el financiamiento.
El proyecto contará con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya garantía involucra en última instancia al Estado nacional, mientras que la empresa adjudicataria podrá acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De esta manera, AMBA I combina una inversión mayoritariamente privada con un aporte inicial de recursos del sistema y mecanismos destinados a reducir el riesgo financiero del proyecto.
El desafío será demostrar que este esquema permite atraer capital privado hacia una infraestructura que, además de resolver restricciones, genere beneficios económicos para el conjunto del sistema eléctrico.
En su reciente exposición sobre la normalización adaptada de la Resolución 400, la Ing. Nadia Sager, asesora empresarial en gestión energética, detalló el funcionamiento de este nuevo esquema.
Sager define el cambio de paradigma principalmente desde la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura.
En el modelo anterior, el Estado planificaba, financiaba y entregaba la red a las transportistas monopólicas tradicionales.
Bajo el nuevo esquema, el adjudicatario privado que construye la línea se queda con la responsabilidad directa de operarla y mantenerla.
En este sentido técnico y de gestión, el cambio de paradigma es claro: el Estado deja de ser el administrador directo de la infraestructura y delega esa función en el privado.
Actualmente, la saturación generalizada de la red de alta tensión está provocando niveles récord de curtailment, es decir, recortes y limitaciones de inyección forzados, para los parques de generación renovable. La red sencillamente no da abasto para evacuar la energía limpia generada.
Sager advierte que el SADI hoy resiste de manera estable únicamente porque la demanda general de energía se encuentra reprimida o deprimida.
Sin embargo, si la actividad económica comienza a repuntar y el consumo sube, la red de alta tensión se convertirá en un muro insalvable que impedirá despachar la generación más barata y competitiva disponible en el sistema.
La unificación del Plan Gas, el fin de las compras centralizadas de CAMMESA y la señal de precio marginal introducida por la Resolución 400 buscan crear un mercado libre y competitivo entre privados. Sin embargo, ninguna de estas reformas de mercado tendrá éxito pleno si la electricidad no puede transportarse eficientemente hacia los centros de consumo.
Por tal motivo, AMBA I no es solo una obra clave contra los cortes de luz veraniegos; es el “caso testigo” regulatorio y financiero del SADI.
Su éxito en la atracción de capitales nacionales e internacionales determinará la viabilidad y la confianza para avanzar con los restantes 15 proyectos prioritarios en todo el territorio nacional, destrabando de una vez por todas los límites físicos que hoy frenan la modernización eléctrica argentina.
AMBA I será la primera prueba concreta del nuevo modelo de expansión del transporte eléctrico. El Gobierno busca que el sector privado asuma el grueso de la inversión, la construcción y la operación de la infraestructura, mientras que el sistema aporta las herramientas necesarias para hacer viable el financiamiento inicial.
La clave estará en si este esquema logra resolver los cuellos de botella que hoy limitan al SADI y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que el capital privado financie los restantes 15 proyectos. Si AMBA I funciona, el Gobierno habrá encontrado un mecanismo para avanzar con la expansión de la red sin volver al modelo de obra pública financiada íntegramente por el Estado.
