El Gobierno de Córdoba anunció que presentará un proyecto de ley para adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional, pero con un esquema adaptado a las características productivas de la provincia. La iniciativa fue presentada por Guillermo Acosta, ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, quien aseguró que la propuesta será “superadora” en comparación con el régimen nacional, incorporando modificaciones para potenciar la atracción de inversiones y la creación de empleo.
El anuncio de Acosta fue realizado a través de la red social X (antes conocida como Twitter), donde el funcionario detalló que el proyecto se enviará a la Legislatura Provincial en los próximos días. “Quiero contarles que el Gobierno de Córdoba enviará un proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones con un esquema superador. Esta herramienta impulsará las fortalezas que tiene Córdoba, agregando incentivos que la harán aún más potente”, afirmó Acosta.
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El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado a nivel nacional mediante la Ley Bases, que fue reglamentada en agosto de 2024. Este régimen está orientado a promover proyectos de inversión en sectores clave de la economía, con un monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares para la mayoría de las industrias y 300 millones de dólares en los sectores de petróleo y gas. Además, el régimen ofrece una serie de beneficios fiscales y aduaneros, así como facilidades en el acceso al mercado de cambios y la repatriación de utilidades.
Sin embargo, el gobierno de Córdoba busca implementar una versión adaptada del régimen que contemple las particularidades de la economía provincial. “Incentivar las inversiones es una política de Estado en Córdoba que sostenemos y profundizaremos. Gobernar es crear trabajo”, afirmó Acosta. El ministro destacó que el proyecto cordobés incluirá incentivos adicionales que harán más atractiva la llegada de capitales a la provincia, principalmente en sectores estratégicos como el agro, la tecnología y el turismo.
Una de las principales diferencias entre la propuesta nacional y la de Córdoba es la inclusión de incentivos específicos para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Fuentes del gobierno provincial señalaron que este sector, muchas veces excluido por los altos requisitos de inversión establecidos en el régimen nacional, será considerado de manera especial en la normativa local. “El esquema tendrá características propias, con varias aristas, incluyendo la contemplación del sector pyme, que no puede cumplir con los pisos de inversión establecidos a nivel nacional”, indicaron fuentes cercanas al proyecto.
Además de las pymes, otros sectores que podrían ser incluidos en el esquema provincial son la producción de biocombustibles y la explotación de variantes mineras, áreas en las que Córdoba tiene potencial de desarrollo y que no están contempladas de manera específica en la versión nacional del RIGI.
Contexto nacional y regional
El RIGI a nivel nacional ha sido adoptado por sólo seis provincias hasta la fecha, en su mayoría mediante la simple adhesión al texto nacional. Otras diez jurisdicciones están evaluando versiones propias del régimen, en función de las características productivas y económicas de cada región. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lanzó su propio Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, destinado a captar inversiones en áreas clave como energía y tecnología, y que incluye incentivos para las pymes y proveedores locales.
Córdoba sigue de cerca los movimientos de otras provincias del núcleo agroexportador, como Santa Fe y Entre Ríos, cuyos gobernadores, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, respectivamente, también han advertido sobre la necesidad de proteger al sector agroindustrial, ausente en la versión nacional del RIGI. Estas provincias, al igual que Córdoba, están analizando variantes que contemplen la inclusión de industrias agroexportadoras, así como sectores relacionados con el transporte de cargas y el turismo.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha mantenido conversaciones con otros dirigentes provinciales para formar un frente que abogue por una mayor consideración del agro y otros sectores productivos. Este enfoque regional ha sido reforzado en eventos recientes, como la presentación del “Balance de la economía argentina”, un informe elaborado por la Fundación Ecosur, el centro de estudios de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En este evento, Guillermo Acosta adelantó que Córdoba estaba trabajando en una propuesta de incentivo “aún más potente” para atraer inversiones y estimular la creación de empleo en la provincia.
Los incentivos del RIGI
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones nacional ofrece beneficios fiscales y aduaneros, como la exención del pago de derechos de exportación y la reducción de impuestos sobre los ingresos generados por las inversiones, siempre que estas no superen el 30% del monto total de inversión en los primeros tres años. Asimismo, facilita el acceso al mercado de cambios para las empresas que participen del régimen, permitiéndoles repatriar utilidades de manera más flexible.
Entre los sectores que pueden beneficiarse del régimen se encuentran la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, y los sectores de petróleo y gas. Para la mayoría de estos sectores, el umbral mínimo de inversión es de 200 millones de dólares, mientras que en petróleo y gas los proyectos de transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, y los proyectos de exploración y explotación requieren inversiones superiores a los 600 millones de dólares.
El régimen crea, además, el Registro de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que estarán a cargo de las autoridades correspondientes, según el sector de cada proyecto.
Con su propio proyecto, Córdoba buscará atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos, pero con un enfoque que también permita la participación de actores locales y regionales, incluidos pequeños productores y pymes, quienes históricamente han quedado excluidos de los grandes paquetes de incentivos.
