Las resoluciones emitidas por el ENRE y ENERGAS dio curso a la primera actualización de valores prevista para el próximo año que serán trasladados a los usuarios.
El Gobierno nacional oficializó este martes los aumentos en las tarifas de luz y gas que se aplicarán en todo el país desde enero 2025.
A través de una serie de resoluciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), se dio curso a la primera actualización de valores prevista para el próximo año que serán trasladados a los usuarios.
Por medio de nueve resoluciones publicadas en la edición de este martes del Boletín Oficial (BORA), el ENRE aprobó una suba promedio del 1,6% para las boletas de luz de las compañías de todo el país.
Los usuarios de altos ingresos verán el impacto en un incremento del 0,9%, los de ingresos medios alcanzarán el 1,4% y los bajos 1,7% con bonificaciones.
Además, se estableció el tope para los consumos subsidiados: los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen un límite de 350 Kwh por mes y los de ingresos medios (N3), de 250 Kwh.
ENARGAS aprobó un actualización del 1,8% en las tarifas de transporte y distribución de gas natural para Metrogas.
Los subsidios al consumo de gas también dispondrán de un tope para su aplicación: un usuario residencial (que presta servicio en el AMBA), el tope será de 41 metros cúbicos de gas. Por encima de ello, uno del nivel 3 (ingresos medios) pagará un 122% más y un usuario del nivel 2 (ingresos bajos), un 179% extra.
Junto a la tarifa de luz y gas, el Gobierno nacional aprobó nuevos incrementos en las tarifas de agua y combustibles desde enero 2025.
El primero, dictaminado a partir de la Resolución 299/2024, se traducirá en una suba del 1% del servicio que presta la empresa estatal AySA a los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de 26 distritos del Conurbano bonaerense.
Los combustibles, en tanto, el incremento responderá a la actualización del valor del dólar del 2% y las subas en los impuestos a los Combustibles (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que el Gobierno modificó a través del Decreto 1134/2024.