La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, contenido en la Ley de Bases y el Paquete Fiscal sancionado por el Congreso a fines de junio, generó una amplia expectativa dentro del Gobierno de Javier Milei, que apuesta a que dicho régimen ayude en el ingreso de divisas para estabilizar la macroeconomía y se transforme en uno de los motores de un repunte que por el momento se hace desear.
Esta semana, con la decisión de avanzar en la construcción de una planta de licuefacción de gas en Punta Colorada, Río Negro, YPF y la petrolera estatal malaya Petronas se sumaron a los otros cuatro proyectos que ya han sido anunciados y que se encuentran en distintos grados de avance. Además de ser la última en ser anuncia, la inversión de YPF y Petronas es la mayor en monto: la cifra que se maneja ronda los USD 30.000 millones, aunque algunas estimaciones creen que podría ascender hasta los USD 50.000. Y es que además de la planta de licuefacción, está prevista la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta y un puerto de aguas profundas, además de rutas y toda la infrasestructura necesaria para convertir lo que hoy es un pequeño pueblo costero en un gran centro exportador de hidrocarburos.
Cuando el RIGI entraba en la recta final en el Congreso, Transportadora de Gas del Sur (TGS) se convirtió en la primera compañía en anunciar una inversión que estaría alcanzada por el régimen. Se trata de un desembolso en dos etapas por USD 700 millones para la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner. Se trata de una obra cuya finalización podría darse antes del invierno de 2026, siempre que sea adjudicada para noviembre de este año, y permitiría sustituir importaciones de combustible y generar un saldo exportable en períodos de menor consumo, con un ahorro fiscal estimado en unos USD 500 millones al año. TGS, controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, presentó ya el proyecto ante el Ministerio de Economía, que, de aceptarlo, debería llamar a un concurso privado.
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Pero los anuncios de inversiones asociadas al RIGI no se limitan a los hidrocarburos. En minería, las compañías australiana BHP y la canadiense Lundin anunciaron proyectos en la provincia de San Juan que por montos que van entre los USD 8000 y 10.000 millones. Gracias a esta inversión, la Argentina podría volver a explotar cobre tras años de letargo en dos proyectos por dos yacimientos que están separados por apenas 10 kilómetros y podrían llegar a constituir el mayor proyecto de explotación de cobre del mundo: Filo del Sol, cuya inversión está proyectada en unos USD 5000 millones, y Josemaría, por unos USD 3250 millones.
Otra industria que ya tuvo su primer anuncio de inversión amparado en el nuevo régimen es la siderúrgica: también a fines de junio, la empresa SIDERSA presentó un plan de inversión inicial por USD 300 millones para instalar una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás, en el noreste bonaerense. La iniciativa comprende USD 100 millones destinados a la tecnología importada y USD 200 millones a producción nacional para abastecer al mercado con insumos como el hierro de construcción y la generación de exportaciones. La empresa estima que se crearán 300 puestos de trabajo directo y 3.500 indirectos en los sectores de la recolección de chatarra y la construcción, entre otros.
Cuando todavía el Gobierno no terminó de escribir la letra chica de la reglamentación del régimen cuya condición esencial es que la inversión supere los USD 200 millones y que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, los empresarios ya empezaron a acelerar algunas decisiones, lo que provocó por el momento cinco anuncios de inversiones. En algunos casos, como el de YPF y Petronas, la inversión podría llevar hasta una década, y en otros, todavía son necesarios estudios de factibilidad e impacto ambiental, por lo que por el momento se trata sólo de anuncios.
