El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el miércoles pasado el índice de precios al consumidor correspondiente a julio, revelando que el rubro de Alimentos y bebidas registró un incremento del 3,2%. Esta cifra representa una leve aceleración de unas décimas respecto al dato de junio. No obstante, tanto fuentes industriales como comerciales del sector subrayan que julio estuvo marcado por fuertes oscilaciones: durante las primeras semanas se observaron aumentos significativos, en línea con la breve corrida del dólar blue, mientras que en la segunda mitad del mes los precios se estabilizaron a medida que la divisa se calmaba.
Asimismo, la tendencia de desaceleración en la inflación de los alimentos se ha acentuado durante las primeras dos semanas de agosto, de acuerdo con la opinión de supermercados y consultoras que monitorean los precios semanalmente.
“En agosto prácticamente no llegaron listas de precios nuevas, especialmente en bebidas, limpieza y perfumería, que son las categorías de consumo masivo más golpeadas. Incluso, hay algunos proveedores que indirectamente están bajando los precios, vía los descuentos y las promociones. La otra cara de estos movimientos es que el consumo no responde. Y cada vez hay que ofrecer más promos para que la gente venga al súper y compre menos productos. En promedio, el ticket cayó entre 4% y 5% en unidades”, señalaron desde una cadena de supermercados consultada por La Nación.
En el sector, también resaltan que la estabilidad de precios en las góndolas se debe, en parte, a la intensa competencia de descuentos entre las billeteras digitales. “Los descuentos de Modo y Mercado Pago, en muchos casos sin tope de reintegro, están movilizando a muchos clientes y hoy ocupan el lugar que tuvieron en otros momentos las promos de los bancos”, señalaron desde otra cadena.
Por su parte, las consultoras que analizan la evolución de los precios también han registrado descensos en algunos rubros. Econviews, liderada por Miguel Kiguel, reportó que la primera semana de agosto cerró con una caída promedio del 0,1% en los precios de productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, tocador y limpieza). De manera similar, LCG indicó que la segunda semana de agosto finalizó con una disminución del 0,1% en alimentos y bebidas, impulsada principalmente por las bajas en frutas y carnes, mientras que la suba de precios en las últimas cuatro semanas se sitúa en un 2%.
En la Fundación Innovación Con Inclusión (FICI), dirigida por el exsecretario de Comercio Matías Tombolini, también se detectó una desaceleración en los precios de los alimentos, con un incremento acumulado del 1,4% en las dos primeras semanas de agosto, lo que representa 2 puntos menos que en julio.
No obstante, advierten que, pese a la baja en los alimentos, la inflación de agosto se mantendría en torno al 4%, debido a los aumentos registrados en otros sectores como transporte, colegios, prepagas y servicios públicos.
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Caputo espera una desaceleración mayor, e incluso viene señalando que el índice de precios se irán acercando cada vez más a cero.
Cepo e impuesto PAIS
Aunque los economistas reconocen la desaceleración de los precios, también advierten que la lucha contra la inflación está lejos de concluir. “La desaceleración de la inflación es un proceso largo, con meses que van a ser buenos y otros no tanto. Y en este camino, la gran incógnita es lo que puede pasar con la salida del cepo y la unificación cambiaria”, señaló Miguel Kiguel.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que antes de fin de año la inflación podría llegar a cero o incluso darse un escenario de deflación. Aunque agosto está descartado, el Gobierno apuesta ahora a que septiembre sea el mes en que se observe una caída más marcada que respalde este pronóstico.
La apuesta se basa en que para esa fecha se espera revertir el aumento del impuesto PAIS implementado por Javier Milei al inicio de su gestión. El impuesto bajaría del 17,5% al 7,5%. Caputo confía en que esto se traduzca en una reducción de precios, aunque desde diferentes sectores de la industria local anticipan que es poco probable que se perciba una baja significativa.
Por ejemplo, las automotrices, que dependen en gran medida de componentes importados, señalan que necesitan recuperar márgenes de ganancia debido al aumento de costos que enfrentaron en la primera parte del año. Por otro lado, los fabricantes de alimentos, con un peso considerable en el IPC, argumentan que la influencia de los insumos importados en sus estructuras es menor, lo que también limita las posibles reducciones de precios.
De todos modos, a partir de los discursos de esta semana tanto del presidente Javier Milei como del ministro Luis Caputo, la sensación es que la salida del cepo podría estirarse aún más de lo imaginado. No sólo hay quienes aventuran que podría quedar para 2025, sino incluso también para luego de las elecciones legislativas de ese año. Y hay dos razones principales para ello: por un lado, la situación de las reservas internacionales en dólares de la Argentina, que sigue siendo precaria y difícilmente mejore de manera sustancial en los próximos meses; por el otro, que el levantamiento del cepo y la consiguiente suba del tipo de cambio oficial hacia un nivel similar al de los dólares financieros provocaría otro salto de la inflación.
Dado que el principal objetivo de Javier Milei es reducir la inflación, un repunte significativo de los precios tendría un alto costo para un gobierno que aún es políticamente débil. Frente a la disyuntiva de continuar con la desinflación en los próximos meses o priorizar la eliminación del cepo cambiario asumiendo un aumento de los precios, todo parece indicar que el Gobierno ha optado por la primera opción.
Las dificultades para acumular reservas limitan la capacidad del riesgo país de seguir disminuyendo. En este punto se centra la atención del Gobierno, que considera que no es necesario levantar el cepo para recuperar la confianza de los inversores.
El plan actual se basa en garantizar un superávit fiscal en el Presupuesto 2025. Mantener el equilibrio de las cuentas públicas debería ser un argumento sólido —al menos desde la perspectiva oficial— para atraer a los inversores.
