El próximo 1° de enero, el Gobierno llevará a cabo la auditoría de los planes sociales, tal como anunció la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su primer mensaje público este lunes. En una primera instancia, el universo de beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo alcanza a 1.200.000 personas y no se contempla su ampliación. La auditoría se iniciará con este grupo, y se estima que no excederá los tres meses de duración.
La primera fase requerirá que cada individuo complete o actualice su información, así como la de su núcleo familiar. Posteriormente, se procederá al análisis y cruce de datos, utilizando como eje central la información de la Anses, que se contrastará con la de otros organismos. Con este propósito, se ha programado una reunión operativa para el martes entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.
En espera de los resultados de la auditoría, el Gobierno tiene previsto prorrogar la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de transferir los planes a la órbita de Trabajo. Los enfoques libertarios contemplan la posibilidad de segmentar los planes según los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo diferentes secretarías, lo que implicaría la desaparición del actual Plan Potenciar Trabajo, con nuevos nombres y características.
"Actualmente nos encontramos en una situación de incertidumbre. Es necesario realizar una auditoría para evaluar nuestra posición", reconocen desde el Gobierno. Por el momento, se sabe que el 80% de los planes está en manos de organizaciones, las cuales se espera eliminar como intermediarias. Una opción considerada es devolver la gestión de los planes a provincias y municipios después de esta eliminación de intermediarios, aunque reconocen que la decisión final estará sujeta a los hallazgos de la auditoría.
Para suprimir a los intermediarios, se basarán, entre otras cosas, en las denuncias específicas recibidas en la línea 134, creada para informar situaciones anómalas como "extorsiones" o "amenazas" de intermediarios hacia los beneficiarios. Independientemente del curso legal que pueda tomar esto, se ha decidido brindar apoyo a quienes han proporcionado información detallada sobre diversas situaciones, como amenazas de perder el plan si no participan en una marcha o si se les exige un porcentaje de su asignación.
Con el objetivo de transparentar, también se buscará actualizar el registro nacional de comedores que reciben alimentos mensualmente del Estado y se está considerando el uso del código de DNI para llevar un control de la asistencia a estos comedores.
Por ahora, se solicitará una prórroga para la decisión firmada por Massa. Después de esta prórroga, que se extenderá por los próximos tres meses, se procederá a la desglose y reubicación de los beneficiarios de los planes según su edad y nivel de formación.
En este escenario, un considerable porcentaje de beneficiarios entre 18 y 29 años, representando alrededor del 30% del padrón, aproximadamente 450 mil personas, podrían ser trasladados a la órbita de Trabajo. Aquellos mayores de 55 años podrían quedar bajo la órbita de Desarrollo Social, orientados hacia trabajos comunitarios. Además, aquellos que aún estén completando estudios podrían ser gestionados por la Secretaría de Educación, todas dependientes de Pettovello.
