La opinión pública está conmovida por los casos de menores de 16 años que cometen delitos graves y homicidios, una escena que se repite en las últimas semanas con una frecuencia preocupante. Esta sucesión de hechos, junto a lo que en el oficialismo reconocen que "la reforma laboral no calienta a nadie" (más bien genera incertidumbre a las familias trabajadoras en un contexto de limitaciones económicas) llevaron a que la mesa política del Gobierno incorpore nuevos temas a la agenda de extraordinarias. El que hoy fue anunciado por Manuel Adorni a través de sus redes sociales es, sin duda, el que mayor interés despierta en el electorado libertario.
El primer proyecto fue presentado en julio de 2024 pero no prosperó. Había en ese momento 14 proyectos presentados anteriormente, y la propuesta libertaria no tuvo demasiado respaldo. Hoy, con un número más cómodo en ambas Cámaras, creen que será posible llevar adelante este debate con una perspectiva positiva. El texto fue elaborado en el Ministerio de Seguridad que en ese momento conducía Patricia Bullrich, y fue ella quien este lunes lo puso de nuevo en la mesa, anticipándose a las críticas por dejar en el limbo un problema con el que se enfrentan todos los sectores sociales, y que siempre preocupa más a los más humildes.
Voceros del Gobierno aseguran que se enviará un nuevo texto, aunque será básicamente el mismo ya presentado con algunas leves diferencias. En lugar de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el Gobierno propondrá llevarla a 13 años. Es decir, "buscará asimilarse a Uruguay, que la llevó a 12 años, y a Brasil, que la llevó a 14 años". "Nosotros quedaremos entre ambos países vecinos en este tema", explicó la fuente.
Uno de los responsables de la redacción, ante una pregunta de El Observador, dijo que "los únicos países que tienen 16 años de edad de imputabilidad son muy pocos, Cuba y China entre ellos". Y resaltó que hay países, como Irlanda, que la tienen en 10 años.
Como sea, hay coincidencia en que la edad de imputabilidad no es un pasaporte automático a la reducción del delito en jóvenes. Sobre todo si tienen que pasar años en instituciones donde salen peor de lo que entraron, y sin ninguna capacidad de conseguirse un trabajo del que vivir y organizar una vida en familia al cumplir su pena.
Qué dice el proyecto oficial
En el Gobierno, destacan que los jóvenes tendrán la obligación de continuar con la instrucción educativa, que habrá capacitaciones laborales igualmente obligatorias, y que prácticamente no habrá penas con prisión efectiva, salvo "último recurso", y en establecimientos separados de los adultos.
Sin personal adecuado, ni establecimientos dotados de comodidades imprescindibles, no parece viable que los jóvenes tengan chances de salir mejor de lo que entraron, pero en el oficialismo aseguran el presupuesto necesario.
Fuera de la pena de prisión, que en el proyecto oficial tendrá un máximo de 15 años, existen otras medidas penales, como la realización de tareas comunitarias, la reparación del daño y el seguimiento socieoeducativo. Como en el caso de la prisión, si no hay personal capacitado para controlar estas penas, no hay ninguna posibilidad de llevarlo adelante.
La edad de imputabilidad en otros países
La mayoría de los países de la región llevaron la edad de imputabilidad a 12, 13 o 14 años. Según el trabajo presentado por UNICEF, los datos son:
- 14 años: Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia.
- 13 años: Uruguay, Nicaragua y Guatemala
- 12 años: México, Brasil, Honduras, Uruguay, El Salvador, Ecuador y Costa Rica.
El Comité de los Derechos del Niño recomienda que los estados no fijen la edad mínima de responsabilidad penal por debajo de los 14 años y alienta a elevarla progresivamente, según el informe de UNICEF. Destaca, finalmente, que la prioridad debe ser reinsertar al joven a la vida social y destaca que "bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad y daña a los chicos".
En Estados Unidos no hay ley federal que imponga una edad de imputabilidad y solo un puñado de estados la tienen fijada. North Caroline en 7 años y Wisconsin en 10 años. En Canadá, la edad es de 12 años. Y en la Unión Europea varía, según el país. En Inglaterra es de 10 años, y en los países bálticos de 15 años.
En España no son imputables los menores de 14 años y entre 14 y 17 sí lo son, pero dentro de un sistema penal juvenil completamente distinto al de adultos, como el Gobierno asegura que es su intención.
