Ante la posibilidad de enfrentar una derrota en el recinto, el Gobierno presentó esta noche una contrapropuesta con modificaciones al nuevo dictamen de la ley de Bases que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.
En el controvertido capítulo de privatizaciones de empresas públicas, el oficialismo decidió reducir de 36 a 27 las compañías que serán declaradas sujetas a privatización total, mientras que otras tres, Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica, podrán ser privatizadas parcialmente.
Las siete empresas excluidas del nuevo listado son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de la Moneda; Fabricaciones Militares; Radio Universidad de Córdoba; Radio Universidad del Litoral; Vehículo Espacial Nueva Generación SA y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
Por otro lado, permanecen en la lista Aerolíneas Argentinas; Ferrocarriles Argentinos; Correo Oficial; Enarsa; Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras.
La nueva propuesta incluye un capítulo dividido en tres artículos, con sus correspondientes anexos, que contienen listados de empresas sujetas a privatización total y parcial. Esta división permitiría que la oposición vote negativamente en casos específicos sin rechazar todo el paquete, acercándose a la posición de aquellos que proponían aprobar las privatizaciones "empresa por empresa".
En cuanto a la transparencia del proceso de privatización, se establece que una Comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores deberá ser informada por el Ejecutivo sobre la modalidad y el procedimiento elegido para vender las empresas, así como del pliego de condiciones, 15 días antes de su publicación y de cualquier circunstancia relevante que surja. Además, se destaca que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) trabajarán en colaboración permanente con la comisión bicameral.
Los límites del Gobierno en la negociación
No obstante, en lo que respecta al artículo sobre la toma de deuda en moneda extranjera, el oficialismo no ha cedido y persiste en su propuesta de derogar el artículo primero de la norma aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece límites para contraer deuda externa.
La última propuesta del oficialismo ha sido considerada como el gesto esperado por la oposición dialoguista para encaminar el debate sobre la ley de Bases, programado para mañana. Desde los bloques del radicalismo y Hacemos Coalición Federal señalan que este nuevo texto acerca considerablemente las posiciones y que lo evaluarán.
En cuanto a las emergencias y las facultades delegadas, se reconoció que las posiciones se aproximaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional del proyecto.
El proyecto declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de ser prorrogada por el Congreso por un máximo de un año.
No obstante, el oficialismo optó por mantener la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (N° 27.612), conocida como "Ley Guzmán", que establecía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Este punto, que no cuenta con el respaldo del radicalismo y Hacemos Coalición Federal, parece dirigirse hacia un rechazo ya que estos sectores defienden la facultad del Congreso para controlar al Ejecutivo en este aspecto.
