El Gobierno nacional, a través de la Ley Ómnibus, incluyó un ambicioso proyecto que busca transformar diversos aspectos del sistema educativo argentino. Entre las propuestas más destacadas, se contempla la implementación de un examen obligatorio para todos los estudiantes al concluir la educación secundaria, así como una revisión periódica de los conocimientos de los docentes cada 5 años.
Dentro de esta iniciativa, el título VII del proyecto aborda las disposiciones relacionadas con "Capital Humano", bajo la dirección de Sandra Pettovello. En este apartado, el segundo capítulo introduce modificaciones significativas al sistema educativo, la mayoría de las cuales afecta a la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) y la Ley de Educación Superior (Nº 24.521).
Uno de los cambios más notables se encuentra en la modificación del artículo 95 de la LEN, que trata sobre la evaluación del sistema educativo. En este sentido, se establece que al concluir la educación secundaria, el Estado Nacional llevará a cabo un examen censal obligatorio para medir los aprendizajes y habilidades de los adolescentes que se gradúan. A diferencia de las pruebas Aprender, este artículo garantiza que los estudiantes tengan derecho a conocer y recibir una certificación de los resultados obtenidos.
Asimismo, se subraya la importancia de evaluar a todos los alumnos de manera periódica, especialmente en áreas críticas como matemáticas y lecto-comprensión, además de otras evaluaciones determinadas por la autoridad competente. Esta inclusión en la ley refleja la prioridad de centrar la evaluación en aspectos fundamentales del aprendizaje, siguiendo la tendencia ya establecida en las últimas ediciones de las pruebas Aprender.
En cuanto a la difusión de los resultados de las evaluaciones, se propone una modificación en el artículo 97. La nueva redacción asegura la preservación de la identidad de los estudiantes, como establecía la ley original. No obstante, se elimina la disposición de resguardar a docentes e instituciones educativas, lo que podría permitir la publicación de resultados por escuela.
Además, se suprime el mandato de evitar la estigmatización al difundir datos y se agrega que los padres y los docentes tendrán acceso a la información necesaria para tomar decisiones con el objetivo de mejorar la educación de sus hijos y alumnos.
