La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo de España rechazó un pedido de senadores del Partido Popular para que los ministros de Pedro Sánchez comparezcan de inmediato por la crisis en Ceuta. El Gobierno obtiene así un respiro en medio de las críticas por la falta de respuestas a la invasión de inmigrantes ilegales.
Momentos de la entrada masiva de inmigrantes ilegales desde Marruecos a Ceuta.
El Tribunal Supremo de Justicia de España ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular para que ordenara al Gobierno adoptar en un plazo máximo de 24 horas las decisiones organizativas para asegurar que los ministros comparezcan en el Senado durante este mes para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta.
Así lo habían solicitado varios senadores del Partido Popular por las incomparecencias este mes de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores a las comisiones a las que estaban convocados, con el fin de asegurar su asistencia "durante la primera semana temporalmente útil y, en todo caso, antes de la finalización del período inhábil actual", que termina el 31 de agosto.
De este modo, la Justicia española le otorga un respiro al gobierno de Pedro Sánchez, quien ha enviado a cinco de sus ministros al territorio de Ceuta (invadido el 30 de julio por miles de inmigrantes ilegales desde Marruecos) y todos han sido insultados por la población local debido a la falta de respuestas.
La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que deniega la petición porque "a la vista de las alegaciones efectuadas, no se considera procedente conceder la medida cautelar inaudita parte solicitada, puesto que no se ha acreditado la especial urgencia legalmente exigible para proceder de esta manera con sacrificio del derecho de audiencia de la parte contraria".
Es decir, para los máximos jueces españoles, la crisis por la invasión de inmigrantes ilegales provenientes de Marruecos al territorio de Ceuta no acredita "la especial urgencia".
"En particular -añade el auto del Supremo-, no se justifica suficientemente que el control parlamentario que los recurrentes ligan al efectivo ejercicio de su ius in officcium como senadores, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, deba necesariamente producirse, para ser eficaz, dentro del periodo extraordinario del mes de agosto (del que resta únicamente una semana)".
Más aún, el auto del Supremo continúa, "si tenemos en cuenta que la resolución de la medida cautelar por su trámite ordinario no se demorará excesivamente".
El Partido Popular también había solicitado que los magistrados ordenasen al Ejecutivo a "abstenerse de condicionar el cumplimiento de las convocatorias del Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Congreso".
Y justificaban en el recurso esa medida cautelarísima en que "cada día sin comparecencia prolonga la privación del derecho" de los senadores en su control parlamentario al Gobierno.
"La tutela solicitada perderá su objeto si se demora", advertían los senadores del PP. Es lo que sucedió con este fallo polémico.
Sin embargo, la Sala considera que "ninguna razón se ofrece para justificar que el recurso perdería su finalidad legítima de amparar o proteger el derecho fundamental cuya lesión se invoca, derecho al ejercicio del cargo representativo que la condición de senador conlleva, al que resulta inherente la facultad de control del Gobierno, por la sola circunstancia de que dicho control pudiera llevarse a cabo tras sustanciarse la medida cautelar con audiencia de la contraparte".
"Sobre todo porque no se advierte que vaya a desaparecer el interés público de la cuestión sustantiva que, según se alega, sustenta las peticiones de comparecencia convocadas, centrada en la grave crisis migratoria que viene padeciendo en estos días Ceuta", completa el auto de los jueces, en un intento por justificar su decisión.
Agrega la Sala que "en la ponderación de los intereses en juego, no concurre, por tanto, la especial urgencia que justificaría sacrificar el derecho de audiencia de la parte contraria previo a la adopción de la decisión cautelar, que además sería de ejecución inmediata, por lo que dicho derecho de audiencia podría resultar meramente ilusorio, lo que, si cabe, exige mayor justificación de la genuina urgencia de la medida que se solicita".
Por todo ello, el Tribunal Supremo deniega la medida cautelarísima formulada y ordena la tramitación del incidente cautelar como ordinario, con audiencia de la parte contraria, para lo que da un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para formular sus alegaciones.
La Justicia española le da así un respiro al gobierno de Pedro Sánchez, que a tres semanas de la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta no ha podido ofrecer una respuesta política y social satisfactoria.
