El juez federal Sebastián Ramos emitió una orden de captura internacional para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mano derecha, Diosdado Cabello, en el marco de una investigación sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su país. La solicitud de detención fue enviada a Interpol, que deberá evaluar la emisión de una alerta roja para que ambos dirigentes sean arrestados en caso de viajar a países que formen parte de la organización policial internacional.
Esta decisión judicial fue impulsada por un fallo de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes determinaron que existían suficientes elementos para avanzar en la causa. Entre las pruebas presentadas, se incluyen testimonios de refugiados venezolanos en Argentina que denunciaron haber sufrido torturas y persecución, así como informes de organismos internacionales que documentan estos abusos. La orden de detención también abarca a otros 14 militares y policías venezolanos, cuyas identidades aún no fueron reveladas.
Según el juez Ramos, el objetivo es que tanto Maduro como Cabello sean extraditados a la Argentina para ser indagados en calidad de responsables de delitos de lesa humanidad. "Líbrense órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, disponiéndose las capturas internacionales vía Interpol con fines de extradición a la República Argentina", expresa la resolución judicial a la que accedió Infobae.
Reacción del régimen de Maduro
La respuesta del régimen de Maduro no tardó en llegar. Tanto el presidente venezolano como su fiscal general, Tarek William Saab, acusaron al presidente argentino Javier Milei de estar detrás de la decisión judicial. En un discurso televisado, Maduro calificó a Milei de "esquizofrénico sádico" y lo acusó de liderar una "internacional fascista" que tiene como objetivo desestabilizar a Venezuela. Por su parte, Saab tildó al mandatario argentino de "desequilibrado mental" y denunció que la justicia argentina actuaba bajo su influencia.
El régimen de Maduro también vinculó esta orden de captura con el decomiso del avión iraní-venezolano de Emtrasur Cargo en 2022. Según las autoridades venezolanas, el avión fue retenido de manera ilegal en Argentina y luego entregado a Estados Unidos tras un fallo judicial. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de detención contra Milei, su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por supuesta interferencia ilícita en la aviación civil y otros cargos relacionados con el caso del avión. A través de un comunicado, el gobierno venezolano calificó la acción judicial argentina como "una burda represalia instruida por Javier Milei".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió su propio comunicado, denunciando que el fallo argentino "viola la jurisdicción de los Estados" y atenta contra las inmunidades que corresponden a los presidentes y altos funcionarios. "Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino", sentenció el comunicado.
Implicancias internacionales y proceso de extradición
La solicitud de captura y extradición de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no implica una detención inmediata. Interpol debe primero evaluar la viabilidad de emitir una alerta roja, y en caso de hacerlo, solo sería efectiva en los países que formen parte de la organización. Aún así, los movimientos internacionales de Maduro y Cabello podrían verse limitados, ya que correrían el riesgo de ser detenidos en países que decidan acatar la alerta.
En situaciones similares, figuras políticas de alto nivel han logrado eludir capturas pese a tener pedidos de detención internacional. Un ejemplo claro es el caso de los funcionarios iraníes acusados en la causa AMIA, quienes continúan moviéndose sin ser arrestados a pesar de las alertas rojas de Interpol.
El juez Ramos, inicialmente, consideraba que no era necesario avanzar en la causa contra Maduro en Argentina, ya que existía una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI). No obstante, la Sala I de la Cámara Federal porteña, a instancias de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe, determinó que la justicia argentina debía seguir adelante con la investigación en virtud del principio de justicia universal. Este principio permite que los delitos de lesa humanidad, como torturas, secuestros y desapariciones forzadas, sean juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se hayan cometido.
Los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi fundamentaron su fallo en la "gravedad y trascendencia" de los hechos denunciados. "Los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados y exhiben un patrón común en las acciones del Estado venezolano, que incluyen secuestros, torturas y asesinatos de opositores", señalaron en su resolución. Asimismo, remarcaron que la decisión de ordenar las capturas tiene como objetivo "evitar que se sigan perpetrando estas prácticas y prevenir futuras violaciones a los derechos humanos".
La Cámara Federal también destacó la importancia de que la comunidad internacional intervenga ante los abusos cometidos en Venezuela, y subrayó que la falta de acción por parte de los organismos multilaterales no puede ser una excusa para no actuar desde la justicia argentina.
