El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, anunció que Venezuela emitió órdenes de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Saab, estas medidas responden a una investigación relacionada con el avión venezolano-iraní que permaneció retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2023.
El anuncio fue realizado por Saab a medios venezolanos, en donde afirmó: “Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina”.
Esta acción de la Fiscalía venezolana se enmarca en la creciente tensión entre ambos países, que se intensificó tras las recientes decisiones judiciales en Argentina. Los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe solicitaron días atrás la captura de Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, en el contexto de una investigación que los señala como responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidos torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales, perpetrados en Venezuela.
Avance del principio de justicia universal en Argentina
La solicitud de captura de Maduro y Cabello, realizada en Argentina, tiene sus raíces en una causa vinculada al principio de justicia universal, que permite a tribunales extranjeros juzgar crímenes internacionales graves cometidos en otros países. Esta investigación, que involucra a más de 30 altos funcionarios y militares del régimen chavista, fue impulsada por víctimas de abusos en Venezuela y está en curso en la Cámara Federal de Buenos Aires.
Uno de los momentos claves de esta investigación fue la audiencia llevada a cabo en los tribunales de Comodoro Py, en la que participaron varios venezolanos que narraron los tormentos sufridos bajo el régimen. Entre los testimonios, destacó el de un exfiscal venezolano que insistió en la importancia de que estos delitos no sean juzgados exclusivamente en Venezuela, donde las instituciones judiciales están fuertemente controladas por el gobierno de Maduro.
Tomás Farini Duggan, abogado querellante y representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), solicitó durante la audiencia la declaración indagatoria de Maduro y su captura internacional por crímenes de lesa humanidad. En su intervención, afirmó: “La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que los responsables de la peor dictadura cívico-militar que ha transformado a Venezuela en un centro de torturas sean juzgados”. Además, Farini Duggan destacó que estos crímenes responden a "un plan sistemático desde las más altas esferas del gobierno de Nicolás Maduro".
Entre los delitos denunciados, resaltan la desaparición de Rocío San Miguel, reconocida activista por los derechos humanos, y los abusos cometidos durante las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, marcadas por denuncias de fraude y represión.
Asilados en la embajada argentina en Caracas
La represión en Venezuela también afectó a líderes opositores que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, buscaron refugio en embajadas extranjeras para evitar ser arrestados por el régimen de Maduro. Entre los asilados en la embajada de Argentina en Caracas se encuentran Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Magalí Meda. Todos ellos enfrentan acusaciones de delitos como "conspiración" y "traición a la patria" por parte de la Fiscalía venezolana.
Este grupo de opositores denunció que desde finales de julio agentes de seguridad del régimen chavista intentaron ingresar a la embajada argentina, lo que calificaron como una “grave violación al derecho internacional”. Estos hechos fueron motivo de preocupación internacional, y desde agosto, Brasil asumió la custodia de las embajadas de Argentina y Perú en Venezuela, luego de la expulsión de los funcionarios diplomáticos de ambos países.
La situación se agravó con la exigencia de Venezuela de que otros países de la región, como Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, retiren a sus representantes diplomáticos en Caracas. El régimen de Maduro los acusó de interferir en los asuntos internos del país caribeño, especialmente en relación a las elecciones del 28 de julio.
