En una audiencia celebrada en los tribunales de Comodoro Py, los fiscales Carlos Stornelli y José Luis Agüero Iturbe solicitaron a la Cámara Federal de Apelaciones la indagatoria y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su principal colaborador, Diosdado Cabello. La petición se enmarca en una causa por crímenes de lesa humanidad presentada en Argentina bajo el principio de justicia universal, que también involucra a 31 altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo militares y agentes de inteligencia.
El principio de justicia universal permite a cualquier país investigar y juzgar crímenes graves, como torturas y desapariciones, independientemente del lugar donde fueron cometidos y de la nacionalidad de los involucrados. En este caso, el Ministerio Público Fiscal argentino actuó en respuesta a las denuncias de víctimas venezolanas que sufrieron torturas, secuestros y ejecuciones bajo el régimen de Maduro.
La audiencia fue atípica, ya que contó con la presencia de figuras clave del gobierno argentino, entre ellas Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño y uno de los principales impulsores de la denuncia. Además, participaron víctimas que dieron sus testimonios de manera reservada, debido al temor a represalias.
Las denuncias por crímenes de lesa humanidad
La causa, que está a cargo del fiscal Stornelli, fue abierta hace un año luego de que la Fundación Clooney, dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentara una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. La investigación busca determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro y otros funcionarios en la comisión de violaciones a los derechos humanos que incluyen torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Estas acciones, según las denuncias, forman parte de un plan sistemático para perpetuar el control del poder por parte del gobierno venezolano.
Una de las víctimas que brindó su testimonio en la audiencia fue un exfiscal venezolano que, tras investigar la represión a estudiantes durante las manifestaciones contra el gobierno de Maduro, fue secuestrado y torturado por intentar apuntar a los altos mandos responsables de las órdenes. Actualmente, esta persona se encuentra refugiada en Argentina y declaró que la justicia venezolana no tiene la voluntad de investigar estos crímenes, por lo que pidió a los tribunales argentinos que intervengan.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), que también impulsó la denuncia, expresó ante los jueces: "La justicia argentina se encuentra en una oportunidad histórica, exigiendo que los responsables de la peor dictadura cívico-militar que ha transformado a Venezuela en un centro de torturas, sean llevados a juicio". Agregó que las acciones del gobierno venezolano se enmarcan en un "plan sistemático para perpetuarse en el poder bajo una forma de dictadura cívico-militar".
Los informes de organismos internacionales
La causa cuenta con el respaldo de varios informes elaborados por organismos internacionales, entre ellos la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los informes de esta misión, que investigó violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014, revelan patrones sistemáticos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, supuestamente ordenadas desde las más altas esferas del gobierno de Maduro.
Uno de estos informes, que fue incorporado a la causa en Argentina, señala que las torturas cometidas por el régimen venezolano incluían golpes, asfixia, descargas eléctricas y abusos sexuales contra opositores al gobierno. Además, se documentaron casos de violencia psicológica, condiciones inhumanas de detención y privación de alimentos y agua para los prisioneros políticos. Entre las víctimas se encuentran activistas y líderes sociales que se oponían al gobierno, así como civiles acusados de participar en protestas contra el régimen.
En cuanto a la justicia venezolana, un segundo informe concluyó que esta actuó como un brazo del gobierno para encubrir las violaciones a los derechos humanos y proteger a los responsables. "La Misión tiene motivos razonables para creer que jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a los opositores al Gobierno, reales o percibidos, contra detenciones arbitrarias", señala el documento. Entre 2014 y 2021, al menos 82 opositores fueron sometidos a tortura, según la investigación.
El último de los informes detalla los métodos de tortura empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y otros organismos del régimen. Estos incluyen "golpes con bates y objetos punzantes", "descargas eléctricas en genitales y otras partes sensibles" y "privación de alimentos y agua". También se menciona el uso de violencia sexual como una herramienta de represión.
El pedido de indagatoria y captura
A pesar de la gravedad de las denuncias, el juez federal Sebastián Ramos había rechazado inicialmente el pedido de indagatoria y captura, argumentando que aún no se habían completado todas las medidas ordenadas en la investigación. Sin embargo, la querella apeló esta decisión, insistiendo en que muchas de las diligencias no podrían llevarse a cabo, dado que Venezuela no cooperaría con los exhortos judiciales.
El fiscal Stornelli, junto con su colega ante la Cámara Agüero Iturbe, reiteraron la solicitud de indagatoria y captura internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los otros 31 funcionarios venezolanos implicados. "Se trata de crímenes de lesa humanidad de extrema gravedad que no pueden quedar impunes", afirmó Agüero Iturbe. En su dictamen, también solicitaron que se unifiquen todas las denuncias presentadas bajo una misma investigación central, para evitar la dispersión de pruebas.
Por su parte, el juez Mariano Llorens, uno de los integrantes de la Cámara Federal porteña, subrayó la necesidad de actuar con celeridad: "Debemos llevar adelante todas las diligencias con rapidez, para contrarrestar el accionar delictivo de las autoridades venezolanas", expresó. Junto con los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, Llorens dejó abierta la posibilidad de convocar a indagatoria a los imputados y de ordenar su captura internacional, siempre que se cumplan los requisitos legales.
La audiencia finalizó con los jueces anunciando que se tomarán un tiempo breve para resolver el caso, aunque los tiempos judiciales podrían extenderse debido a la complejidad de la causa y la cantidad de involucrados. Por el momento, las víctimas que brindaron testimonio continúan bajo protección, temiendo represalias por parte del régimen venezolano.
