A esto se suman dos iniciativas clave para reforzar los recursos de las provincias y un debate sobre la sensible causa YPF. Pero más allá de las intenciones y de los números, no todo está tan claro. La sesión no fue convocada oficialmente por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por lo que los legisladores se autoconvocaron al recinto. Así las cosas, una vez que hayan reunido los legisladores necesarios para abrir la sesión, todo puede pasar.
Unidad de acción de los senadores de la oposición y los gobernadores
La capacidad de la oposición para concretar esta sesión reside en una sólida articulación con todos los gobernadores, sin distinciones políticas. En los pasillos del Congreso aseguran que no serán menos de 50 los legisladores que ocupen sus bancas este jueves a las 14 para forzar el inicio de la sesión.
Los gobernadores harán sentir su poder de fuego en el Senado y le intentarán poner un límite al ajuste del Gobierno nacional sobre las provincias.
Para alcanzar el quorum necesario, solo se requieren 37 senadores sentados. El interbloque de Unión por la Patria cuenta, en teoría, con 34 escaños, a los que se sumarían nombres clave como los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), quienes garantizarían el número mágico para iniciar el debate. Una vez logrado el quorum, el siguiente paso crucial sería obtener una mayoría simple para aprobar un plan de Labor y así definir el temario y el orden de tratamiento.
Sin embargo, el camino para llevar adelante la sesión parece empinado desde lo reglamentario, más allá que los legisladores son los únicos que pueden interpretar las normas que los rigen. Lo cierto es que la Secretaría Parlamentaria del Senado rechazó los dictámenes firmados por la oposición la semana pasada, argumentando que no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, un requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento de proyectos.
Esto significa que lo actuado por la oposición en esas comisiones fue considerado, con lógica, como violatorio del reglamento. Si bien el recinto es soberano en este sentido, la decisión que se adopte sobre la validez de estos dictámenes podría sentar un precedente peligroso o, peor aún, llevar a la judicialización de la sesión de este jueves.
En ese marco, los los mandatarios provinciales, por los menos que se incluían en Juntos por el Cambio antes de su extinsión, no acompañarán el paquete que viene con media sanción de Diputados -jubilaciones y emergencia en discapacidad- que conlleva un impacto fiscal superior pero sí votar sus proyectos tributarios que, de acuerdo al cálculo que realizaron, tienen un impacto fiscal del 0,11 % del PBI entre los dos.
La diferenciación entre proyectos, más allá de las cuestión simbólica, no cambiará el rumbo de la sesión.
El temario en disputa
Los proyectos que la oposición buscará sancionar no son menores y representan una amenaza directa al mecanismo de ajuste elegido por el Gobierno para lograr el superávit fiscal.
El debate podría arrancar con la ley que compensa el atraso en las jubilaciones. El texto que ya cuenta con media sanción del Senado establece un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excepto regímenes especiales. Además, incrementa el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación.
En el paquete que llega al Senado también está la moratoria previsional. El proyecto, que también tiene media sanción, propone la restitución por dos años del sistema que permite a personas sin los 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Por otra parte, los senadores buscarán tratar la ley de Emergencia en Discapacidad. El texto, que también viene de Diputados, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas.
Sin embargo, lo que más le preocupa al Gobierno desde lo fiscal y lo político tiene que ver con los dos proyectos impulsados por los gobernadores, que buscan modificar la coparticipación y redistribuir fondos clave. Estas iniciativas cuentan con el respaldo unánime de los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño.
Una de las normas busca incorporar un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto (11.672) para que los recursos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan a las provincias de forma "diaria y automática" y que todo lo relacionado con este ítem sea considerado "parte de la masa de fondos coparticipable".
El otro proyecto, de mayor envergadura, propone la eliminación de varios fideicomisos (Infraestructura Hídrica, Transporte, Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda). Además, sustituye parte de la Ley 23.966 (Impuesto a los Combustibles) para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), a las Provincias (57,02%) y al Sistema Único de Seguridad Social (28,69%) para obligaciones previsionales nacionales. Estos proyectos, al no haber sido despachados formalmente, requerirán dos tercios de los votos para ser habilitados "sobre tablas".
La rebelión de los gobernadores y la postura firme de la Casa Rosada
La sesión de hoy será el corolario de una creciente tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores. La "rebelión" de los gobernadores se hizo patente con su ausencia generalizada a la convocatoria por el 9 de Julio en Tucumán, un evento que el presidente Javier Milei se vio obligado a cancelar alegando "condiciones climáticas".
Este desplante, que incluyó la baja de última hora de mandatarios como Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca), evidenció el malestar provincial ante la política de ajuste fiscal y la negación de fondos por parte del Ejecutivo.
Incluso gobernadores que tuvieron acercamientos con el oficialismo, como Gustavo Sáenz (Salta), cuyo gobierno firmó convenios con la Nación por obras viales tras el cierre de Vialidad Nacional, no garantizan el apoyo de sus senadores, quienes en gran medida responden a otras fuerzas políticas.
Desde el Ejecutivo, la postura es clara y no hay margen para negociaciones sobre estos proyectos. En ese marco, los funcionarios y el pequeño bloque del oficialismo en el Senado repiten una y otra vez que las iniciativas "no corresponden", que "no son sustentables", y que deberían haber ingresado por Diputados.
Por eso, redoblan la apuesta, y aseguran que en caso de que el Congreso avance, el Presidente vetará las normas. Y si con eso no alcanza, irá a la Justicia.
