La Asociación Civil Amarte Argentina, fundada por el exdiputado y referente de La Cámpora, José Ottavis, está en el centro de una polémica por la gestión de fondos públicos millonarios. En solo dos años, la organización se benefició con convenios por más de $7.400 millones de pesos del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y destinado a obras de urbanización en barrios populares. Estos fondos fueron destinados a proyectos en Monte Caseros, Corrientes, donde las denuncias vecinales indican que las obras están incompletas y en condiciones inhabitables.
José Ottavis ha sido una figura polémica en la política argentina, no solo por su liderazgo en La Cámpora sino también por sus incursiones en los medios y su vida personal, que lo mantuvieron en la escena pública de formas variadas. Desde su relación con figuras del espectáculo hasta su participación en programas de televisión, Ottavis cultivó una imagen ambivalente, que ha oscilado entre lo social, lo político y lo mediático. Sin embargo, en esta ocasión, su rol como fundador de Amarte Argentina lo coloca bajo una luz distinta: la gestión de fondos sociales millonarios y su destino poco claro en comunidades vulnerables.
La ONG Amarte Argentina fue fundada en 2020 por Ottavis y su esposa, Celia Itatí Britez, con el objetivo declarado de promover el desarrollo social en comunidades postergadas. Sin embargo, en 2022 y 2023, la asociación recibió transferencias masivas de fondos desde el FISU, superando ampliamente los montos otorgados a otras cooperativas y organizaciones sociales. Para el público y los observadores de políticas sociales, la asociación de Amarte Argentina con un volumen tan alto de recursos públicos llama la atención, más aún cuando las obras en Monte Caseros presentan serias deficiencias.
Proyectos truncos y denuncias en Monte Caseros
Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, fue el principal beneficiario de los fondos otorgados a Amarte Argentina. La comunidad esperaba, con ansias, la promesa de lotes con servicios y mejoras en los barrios Esteban Martínez y Gauchito Gil, dos de los sectores más necesitados de urbanización y acceso a servicios básicos. Sin embargo, a casi dos años de la adjudicación de los proyectos, la realidad en el terreno es desalentadora. Los lotes, en muchos casos, no tienen acceso, y los barrios construidos en zonas inundables sufrieron al menos tres inundaciones en el último año.
Además, un centro cultural y deportivo proyectado para los habitantes de estos barrios se encuentra bajo riesgo constante de inundación, afectando la vida diaria y los bienes de los residentes. El monto destinado para el mejoramiento de estos barrios ascendió a $2.000 millones, una cifra significativa que, según los testimonios locales, no se refleja en las obras ni en su impacto positivo en la comunidad.
Jessica Taborda, líder de Amarte Argentina en Corrientes y representante regional del FISU, tenía la función de supervisar el desarrollo de los proyectos financiados. Sin embargo, su doble rol como representante del FISU y líder de Amarte Argentina plantea un conflicto ético, ya que las decisiones sobre la asignación de fondos se gestionaron desde el mismo ámbito al que pertenece la organización beneficiaria. Este cruce de intereses genera dudas sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a las obras.
La situación ya ha llamado la atención de algunos sectores del Ministerio de Economía, que actualmente administra el FISU. Fuentes de la cartera aseguran que las adjudicaciones de Amarte Argentina están bajo análisis por posibles irregularidades en los convenios y la falta de cumplimiento en las metas de urbanización. Se espera que en los próximos meses se publiquen auditorías oficiales que aclaren el destino y uso de los fondos asignados.
Amarte Argentina: entre la política y la fe
Uno de los aspectos más controvertidos de Amarte Argentina es la imposición de rezos y rituales religiosos como requisito para recibir asistencia social. La propia Celia Fabiana Britez, sobrina de Celia Itatí Britez y colaboradora inicial de Amarte, ha denunciado que la asociación exigía a los beneficiarios participar en actos religiosos, con la amenaza de que no recibirían alimentos si se negaban a rezar. “Si no rezabas, no te daban la bolsa de comida”, asegura Britez. La denuncia arroja dudas sobre el papel de la religión en una asociación que se define como apolítica y sin fines de lucro.
Ottavis, quien se ha referido públicamente a su proceso de rehabilitación de adicciones y su vínculo con la fe, habría adoptado la religión como un pilar en su vida, lo que aparentemente influyó en la dinámica de su ONG. Sin embargo, la instrumentalización de la fe para acceder a recursos públicos destinados a necesidades básicas constituye un aspecto polémico y éticamente cuestionable, sobre todo cuando el Estado es quien financia estas actividades.
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Amenazas y presiones sobre la investigación
Durante el desarrollo de esta investigación, tanto periodistas de La Cornisa como colaboradores en Corrientes recibieron advertencias para que el informe no saliera al aire ni se publicara. Personas cercanas a Ottavis intentaron negociar con los medios, ofreciendo datos alternativos a cambio de postergar la investigación. Incluso, según testimonios de los involucrados, se llegó a sugerir la posibilidad de acciones legales si el informe continuaba. “Nos llamaron varias veces, primero a nosotros y luego a gente de nuestro entorno, para frenar la publicación”, relatan los periodistas.
Este tipo de presiones, lejos de acallar la investigación, refuerzan la necesidad de que los medios sigan indagando sobre el destino de los fondos públicos. La comunidad de Monte Caseros espera respuestas claras sobre el uso de los $7.400 millones que Amarte Argentina recibió y que, hasta la fecha, no se reflejan en obras tangibles para los habitantes locales. En una Argentina en la que el uso y mal uso de los recursos públicos está en constante escrutinio, la falta de claridad en los proyectos de Amarte Argentina plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia de los fondos destinados a sectores vulnerables.
Expectativas y próximos pasos
La situación de Monte Caseros y las denuncias contra Amarte Argentina constituyen un caso testigo para el resto del país. Los vecinos y sus representantes solicitan la finalización de las obras prometidas y una auditoría independiente que transparente el uso de los fondos públicos. Por el momento, las fuentes del Ministerio de Economía indican que no se realizarán nuevos desembolsos hasta que se verifique la correcta utilización de los fondos ya entregados.
Con Monte Caseros como ejemplo, la falta de seguimiento y control en la adjudicación de obras sociales y urbanísticas exige una mayor responsabilidad por parte de los organismos públicos. La Argentina sigue enfrentando el desafío de garantizar que los recursos destinados a combatir la pobreza y mejorar la infraestructura lleguen a quienes realmente lo necesitan, sin interferencias ni manejos turbios.
