Las Islas Malvinas dependen exclusivamente de Sure Falkland Islands, una empresa de telecomunicaciones que opera en monopolio y ofrece uno de los servicios de Internet más deficientes del Atlántico Sur. Los habitantes han soportado conexiones lentas, costos elevados y restricciones de uso durante años, con pocas opciones de mejora.
Los paquetes de conexión de Sure son extremadamente costosos y limitados. Los planes más económicos ofrecen solo unos pocos gigabytes por mes, lo que hace que actividades básicas como videollamadas o transmisión de contenido sean prácticamente imposibles. La falta de infraestructura moderna y la ausencia de competencia han permitido a Sure imponer tarifas hasta diez veces superiores a las de otros países con condiciones similares.
En este contexto, la llegada de Starlink, la red satelital de SpaceX, representa una oportunidad sin precedentes para romper con el monopolio y permitir que los isleños accedan a una conexión más rápida, confiable y asequible. Sin embargo, su entrada al mercado ha sido bloqueada por cuestiones regulatorias y presiones comerciales.
El conflicto con Starlink
Desde mayo de 2024, un grupo de usuarios de las islas ha impulsado una campaña para legalizar Starlink. La propuesta fue bien recibida por la población, que veía en el servicio satelital una alternativa asequible y de calidad. Sin embargo, el 4 de febrero de 2025, los clientes de la red satelital recibieron un correo electrónico alarmante: su servicio podría ser suspendido en 60 días debido a una supuesta orden de las autoridades locales.
El Gobierno de las Islas Malvinas (FIG) negó haber emitido tal orden y argumentó que Starlink podría estar aplicando sus propias políticas comerciales. No obstante, expertos en telecomunicaciones advierten que este tipo de bloqueos no suelen ocurrir sin una presión externa significativa.
El único beneficiado por la salida de Starlink sería Sure Falkland Islands, que mantiene el control absoluto del mercado. Sin una competencia real, la empresa ha seguido imponiendo precios elevados y límites de datos restrictivos, afectando a usuarios residenciales y empresas locales.
Además, se estima que decenas de isleños lograron contratar el servicio de Starlink por vías alternativas, pagando por equipos y suscripciones que ahora podrían quedar inservibles si la compañía decide restringir el acceso. Muchos usuarios ya invirtieron dinero en la tecnología esperando que tarde o temprano la regulación les permitiera operar legalmente, lo que hace aún más grave la incertidumbre actual.
Presiones empresariales y regulaciones ambiguas
El hecho de que Starlink no haya sido aprobado para operar formalmente en las islas es visto por muchos como un mecanismo de protección del monopolio de Sure. A pesar de la presión pública, las autoridades no han dado una respuesta clara sobre quién está detrás del bloqueo.
Los usuarios han expresado su frustración en redes sociales, señalando que Sure ha evitado cualquier intento de mejorar la conectividad en las islas, y que el acceso a Internet debería ser considerado un derecho, no un lujo. En el pasado, Sure ha recibido quejas por el bajo rendimiento de sus servicios y la falta de inversión en infraestructura, pero su estatus de único proveedor le ha permitido seguir operando sin competencia.
El informe de Cambridge Management Consultants, que se espera para abril de 2025, podría definir el futuro del servicio en la región. Se espera que el documento recomiende la legalización de Starlink, lo que pondría fin a la situación de monopolio y abriría el mercado a nuevas opciones. Sin embargo, hasta que esto suceda, los usuarios continúan atrapados en un sistema que los obliga a pagar precios exorbitantes por un servicio deficiente.
