Lo que importa
- La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó que varios municipios de Tucumán, Salta y Catamarca realizaron extracciones millonarias en efectivo sin justificación económica.
- Se identificaron depósitos sospechosos en cuentas privadas de empleados municipales, quienes en muchos casos usaron esos fondos para comprar dólar MEP.
- El total del dinero bajo sospecha asciende a $45.000 millones en los últimos dos años y medio.
- La Banda del Río Salí, en Tucumán, es el caso más grave: se retiraron $17.000 millones sin justificación, representando casi el 40% del total del presunto desfalco nacional.
- La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, que descentralizó la investigación en cada jurisdicción involucrada.
Contexto
¿Cómo se descubrió el esquema de desvío de fondos?
El presunto desfalco fue detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que los bancos y entidades financieras están obligados a presentar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando detectan movimientos irregulares de dinero.
Las primeras alertas surgieron entre junio y julio de 2024, cuando bancos de primera línea notaron extracciones masivas de dinero en efectivo desde cuentas municipales, sin que hubiera una justificación económica válida.
En paralelo, se identificaron depósitos de montos elevados en cuentas personales de empleados municipales, quienes no podían justificar la procedencia de esos fondos. En muchos casos, esos depósitos fueron utilizados para la compra de dólar MEP, una operación bursátil que permite acceder a divisas mediante la compra-venta de bonos y que suele ser usada como cobertura ante la inflación y la devaluación.
¿Por qué se sospecha que el dinero fue utilizado para campañas políticas?
El informe de la UIF reveló un patrón llamativo en los movimientos de dinero. Se observó que las extracciones en efectivo se incrementaron considerablemente en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, para luego descender drásticamente en 2024.
Este comportamiento refuerza la hipótesis de que los fondos municipales podrían haber sido desviados para financiar campañas electorales en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca.
Ante la magnitud del desfalco, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, la cual ordenó que la investigación se descentralizara en cada una de las provincias afectadas.
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Paul Starc, fiscal federal responsable de la UIF
¿Cómo operaba el esquema en los municipios investigados?
La UIF identificó tres patrones de actividad sospechosa en los municipios investigados:
- Extracciones en efectivo de grandes sumas de dinero desde cuentas municipales, sin documentación que explicara el destino de los fondos.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos municipales, quienes no tenían capacidad de ahorro ni un historial financiero que justificara la recepción de esos montos.
- Compra de dólar MEP con esos depósitos y posterior retiro en efectivo.
Estos movimientos financieros levantaron sospechas de que no solo se habrían desviado fondos públicos para uso personal, sino que además podrían haber sido utilizados para lavar dinero y financiar ilegalmente campañas políticas.
¿Qué pasó en La Banda del Río Salí, el caso más grave?
El municipio de La Banda del Río Salí, en Tucumán, se convirtió en el epicentro de la investigación por el volumen de dinero involucrado. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se extrajeron más de $17.000 millones en efectivo de las cuentas municipales sin justificación clara.
El Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas, detectó las irregularidades y alertó a la UIF, en cumplimiento de la ley antilavado.
El intendente del municipio es Gonzalo Monteros, hijo del actual ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, un dirigente vinculado al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Hasta el momento, ni Monteros ni su equipo han dado explicaciones sobre la denuncia.
¿Qué otras provincias están involucradas en la investigación?
Además de Tucumán, los municipios de Salta y Catamarca también aparecen como focos de operaciones sospechosas.
La UIF detectó que en estas provincias se replicó el mismo esquema de movimientos de dinero:
- Extracciones masivas en efectivo sin justificación.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos municipales.
- Compra de dólar MEP con esos fondos.
De acuerdo con la investigación preliminar, estos municipios encabezan el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel nacional.
¿Cómo se manejan este tipo de denuncias en la Justicia?
Las operaciones bancarias sospechosas deben ser reportadas obligatoriamente ante la UIF por cualquier entidad financiera o banco, ya sean privados o públicos.
La Ley 25.246 obliga a los bancos a reportar estas actividades para prevenir el lavado de dinero y la malversación de fondos. Si una entidad financiera no reporta estos movimientos, puede ser considerada cómplice de un delito financiero.
En este caso, fue el Banco Macro de Tucumán quien alertó a la UIF sobre los retiros irregulares realizados en las cuentas del municipio de La Banda del Río Salí. Posteriormente, se extendió la investigación a otros municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, donde se identificaron movimientos similares.
Cómo sigue
- La denuncia presentada por la PROCELAC fue remitida a la Justicia Electoral y a distintas fiscalías provinciales, por lo que se esperan procesos judiciales contra los funcionarios involucrados.
- La UIF seguirá investigando la posible vinculación del dinero con lavado de activos y financiamiento de campañas electorales, lo que podría derivar en nuevas denuncias y sanciones.
- La Cámara Nacional Electoral deberá analizar si existió un uso irregular de los fondos municipales para fines políticos, lo que podría derivar en:
- Inhabilitación de candidatos.
- Multas.
- Sanciones a los partidos políticos involucrados.
- La Justicia podría ordenar peritajes contables, citar a declarar a empleados municipales y ampliar la investigación a otros municipios y provincias donde se sospeche de maniobras similares.
Este caso pone nuevamente en debate la transparencia en el uso de fondos públicos en Argentina y reaviva las sospechas sobre la financiación irregular de campañas electorales en el país.
