Contexto
¿Qué decidió la Justicia en la causa contra Belliboni y otros dirigentes sociales?
El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral la causa en la que se investiga a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a más de una docena de referentes sociales. Se los acusa de delitos como administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. La resolución fue adoptada tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita y de los querellantes, y luego de que también se expresaran las defensas de los imputados.
¿Cómo funcionaba el esquema de desvío de fondos?
La investigación detectó que entre junio de 2020 y marzo de 2024 existió una “matriz delictiva” para desviar recursos públicos. El Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado actuaban como unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo y derivaban parte de los fondos a empresas creadas con fines ficticios. Entre estas se destacan Coxtex SA —considerada por AFIP como una usina de facturas truchas— y Ediciones e Impresiones Rumbos, además de Ricoprint, Urban Graphics y Miniso Trade. Según la causa, de los $360 millones que recibieron como unidades de gestión, unos $40 millones fueron desviados hacia estas firmas, lo que luego permitió financiar actividades políticas del Partido Obrero.
¿Qué rol jugaban las empresas utilizadas en la maniobra?
Las empresas, como Coxtex, eran constituidas por terceros que firmaban los documentos necesarios a cambio de pagos menores. En el caso de Coxtex, la Justicia estableció que no tenía sede, actividad ni movimientos bancarios. Otras, como Rumbos, eran directamente vinculadas al propio Polo Obrero. El juez Casanello indicó que “lo público se confundió con lo privado” al utilizar fondos del Estado para financiar campañas electorales del PO.
¿Qué mecanismos de presión se ejercían sobre los beneficiarios del programa?
Además del fraude financiero, se denunció un sistema de coerción ejercido sobre personas en situación de vulnerabilidad. Se exigía presencia en marchas organizadas por el Polo Obrero como condición para acceder o mantenerse dentro del Potenciar Trabajo. Uno de los testigos declaró: “Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”. Además, se cobraban “cápitas” o contribuciones obligatorias de un porcentaje del plan y cuotas quincenales para obtener alimentos.
¿Qué evidencia respalda las acusaciones?
La causa cuenta con declaraciones de siete testigos y tres imputados arrepentidos que confirmaron la operatoria de recaudación ilegal. También se incorporaron numerosas conversaciones por chat, documentos incautados en allanamientos y listados de asistencia a movilizaciones. Uno de los elementos clave fue el “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1”, donde se registraban ausencias y sanciones. En uno de los papeles se señalaba que quienes no asistían a las marchas podían ser desplazados o sufrir recortes en la ayuda económica.
¿Quiénes más están implicados en la causa?
Además de Belliboni, están involucrados dirigentes como María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, y otros referentes del Polo Obrero. También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, de Barrios de Pie. La Cámara Federal porteña agravó sus cargos al sumar amenazas coactivas y extorsión, al considerar que los cheques de los programas sociales terminaban en cuentas controladas por la organización.
Cómo sigue
La causa fue elevada a juicio oral, lo que implica que Eduardo Belliboni y los otros implicados deberán enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en una estructura delictiva organizada para defraudar al Estado y extorsionar a personas vulnerables.
La Justicia ya convocó a indagatoria a quienes facilitaron el armado de las sociedades utilizadas para el desvío de fondos.
La fiscalía estima que solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024 se recaudaron más de $313 millones por estos mecanismos.
Ahora, el foco estará puesto en probar durante el juicio oral la conexión entre la red de facturación trucha, el uso político de los fondos públicos y la coacción sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
