La Unidad de Información Financiera pidió que el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni sea juzgado por el delito de “lavado de activos”, además de los cargos por los cuales ya está procesado.
Para la UIF hubo “lavado de activos” en el uso de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.
Lo hizo en el requerimiento de elevación a juicio que entregó al juez federal Sebastián Casanello, en el marco del trámite previo al pase de la investigación a esa etapa de debate oral.
Según informó la revista Quorum, para la UIF además de los delitos de “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión” en base a los cuales se procesó a Eduardo Belliboni, hubo “lavado de activos” en el uso de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.
Este delito previsto en el artículo 303 del Código Penal habría sido ejecutado mediante el uso de facturas de cooperativas que simulaban gastos y que permitían canalizar los fondos públicos por fuera del objetivo asignado.
Esto habría derivado en un “mecanismo de blanqueo que buscaba ocultar al verdadero destinatario y beneficiario de los fondos”, el Polo Obrero, detalló la UIF.
El delito de lavado de activos consiste en dar apariencia de licitud a fondos generados de manera delictiva.
“En este caso esa estrategia de ocultamiento es la intervención de Rumbos (una imprenta vinculada al Polo Obrero) como receptora de los fondos espurios contra la emisión de facturas”, detalló el escrito del organismo que conduce Ignacio Yacobucci.
Belliboni e integrantes del “Polo Obrero” están procesados por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión” en la investigación por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.
Belliboni fue procesado en agosto pasado por el juez federal Sebastián Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” pero luego la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
Se considera probado el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.
También la presunta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios” del programa, “ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal”.
El juez Casanello recibirá en los próximos días las respuestas de la otra querella, Oficina Anticorrupción y el fiscal del caso Gerardo Pollicita a su planteo de cerrar la investigación y enviarla a juicio. Luego tendrá que dar vista a las defensas.
Cuando termine la ronda de consultas, resolverá si envía la causa a juicio y si incorpora -o no- el nuevo delito planteado desde la UIF.
De manera separada, seguirá trabajando en relación a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos en las maniobras que se investigan.