“Todas las empresas estatales que no hayan podido corregir su funcionamiento y sigan con déficit van rumbo al cierre antes de fin de año”, la frase temeraria sale de la boca de un diputado paraoficialista de estrecho contacto con la cúpula del PRO. No es una presunción, es un plan que ya está en marcha y tuvo como su primer botón de muestra los despidos masivos y el cierre de la AFIP.
En los pasillos del Congreso hay un rumor que se transforma en presunción: el gobierno avanzará con todos los recortes antes de que comience el proceso electoral 2025. Desde la bancada del PRO ven la estrategia como lógica y la enmarcan dentro de la lógica de los años electorales a la que La Libertad Avanza tampoco, por lo menos eso parece, podrá escapar.
El oficialismo, según pudo recoger El Observador, seguirá aferrado a su estrategia a la hora de plantear la discusión pública sobre las empresas estatales. “De la misma manera que dejamos en claro que los pobres financian a los ricos que van a la Universidad y que viajan en avión, vamos a plantear la discusión en cada sector”, explica una de las espadas parlamentarias del oficialismo.
Desde el mismo sector explican que hay matices respecto a los distintos organismos del Estado. No es lo mismo aquellos que se puedan privatizar que aquellos que se pretenden cerrar. “Así como se disolvió Telám y la AFIP se avanzará con el resto de las empresas que no tiene sentido que estén en el Estado y generan déficit”, detallaron.
La narrativa que vuelve a aparecer en torno a las empresas del Estado es la misma que surfeo el contorno del debate de la ley bases. En ese entonces, puertas adentro del Gobierno, se decidió dar un año de plazo para que las empresas reduzcan sus pérdidas. En ese marco, y ya con el último trimestre en marcha, llegó la hora de la verdad.
Las empresas estatales en la mira
En ese marco, tras el cierre de AFIP y más allá de las empresas sujetas a privatización, los alfiles del oficialismo en el Congreso esperan que se avance en primer término con el cierre de la Casa de la Moneda, con la extinción de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP). Ambas empresas dependen hoy del ministerio de Economía y emplean a poco más de 4 mil personas.
Dentro del esquema que plantea el oficialismo para avanzar con la reducción del Estado antes e fin de año parecen apuntar, en esta etapa, a los organismos menos visibles. Sin embargo, nadie se anima a señalar cuáles serán las empresas estatales que lograrán sortear la motosierra durante el primer año de la gestión de Javier Milei.
Dentro de ese contexto, los gremios estatales, especialmente ATE, se mantienen en alerta, pero por ahora no cuentan con información detallada de la hoja de ruta que pretende seguir el Gobierno.
Con el presupuesto en la mano, denuncian el desfinanciamiento de algunas áreas y programas puntuales vinculados a las cuestiones de género.
