El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, anuló el acuerdo por el cual se habían cedido tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos identificados como "autodenominados mapuches". Esta decisión fue comunicada oficialmente por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien calificó a los beneficiarios de ese acuerdo como “grupos criminales”. “Argentina no negocia con terroristas”, afirmó el funcionario en su cuenta de la red social X (antes Twitter), consolidando la postura del gobierno de Javier Milei sobre la cuestión.
El acuerdo en cuestión había sido gestionado por la administración de Alberto Fernández en el marco de un conflicto territorial en Villa Mascardi, Río Negro, donde grupos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron terrenos en septiembre de 2017. La ocupación abarcaba siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde los ocupantes montaron un *rewe* (sitio ceremonial sagrado). El pacto alcanzado por el gobierno anterior contemplaba la cesión de tierras y el reconocimiento de este espacio como un sitio sagrado para la comunidad.
La decisión del actual gobierno de revocar este acuerdo se produjo un día después de que la Justicia dictara condenas a siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu por la usurpación de estos terrenos en 2017. Los condenados, seis mujeres y un hombre, recibieron penas en suspenso de hasta dos años y seis meses de prisión. Además, el proceso incluyó el sobreseimiento de la machi Betiana Colhuan, líder espiritual de la comunidad, debido a su minoría de edad al momento de los hechos.
Conflicto judicial y político
El conflicto en torno a estas tierras había escalado en los últimos años. Según el comunicado del Ministerio de Justicia, las ocupaciones y actos vandálicos protagonizados por los grupos mapuches incluyeron incendios y destrucción de bienes tanto públicos como privados. En particular, se mencionó el incendio de una cabaña llamada Los Radales y un puesto de Gendarmería Nacional en 2022. "Estas acciones criminales atentan no sólo contra el patrimonio nacional, sino también contra los derechos de todos los argentinos", señaló Cúneo Libarona.
La administración de Fernández, en su momento, había optado por un enfoque de diálogo, intentando mediar entre los grupos mapuches y las autoridades. En 2021, se había conformado una mesa de diálogo con representantes mapuches, lo que resultó en la firma de un acuerdo para la cesión de tierras en Villa Mascardi. El objetivo era permitir que la machi Colhuan pudiera continuar con sus actividades espirituales y medicinales en el sitio reconocido como sagrado. Este acuerdo también contemplaba la construcción de viviendas para la comunidad en la zona.
El entonces secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, había intervenido en el proceso judicial que involucraba a los mapuches, logrando que el juez Hugo Greca—quien recientemente condenó a los integrantes de la comunidad—detuviera el avance de la causa en 2020. El planteo de Pietragalla Corti fue generar un marco de negociación con los ocupantes y evitar mayores conflictos.
El fin de los acuerdos y la postura del actual gobierno
Con la llegada al poder de Javier Milei, la política hacia los grupos mapuches cambió drásticamente. El ministro Cúneo Libarona fue categórico al referirse a la postura del actual gobierno: "Durante seis años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras", expresó el ministro. En línea con estas declaraciones, aseguró: "Eso se terminó, anulamos ese acuerdo".
El gobierno también responsabilizó a la administración anterior de fomentar la impunidad al no aplicar las sanciones legales correspondientes por estos actos de usurpación. Según Cúneo Libarona, la política de diálogo con estos grupos "criminales" era un error que atentaba contra el patrimonio de todos los ciudadanos. "El gobierno de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia", enfatizó el ministro.
El desalojo de los terrenos ocupados en Villa Mascardi se concretó en octubre de 2022, pero las tensiones en la región continúan. Durante los cinco años que duró la ocupación, los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu avanzaron sobre terrenos privados y públicos aledaños, e incluso llegaron a cortar la ruta nacional 40 en varias ocasiones como método de protesta. También hubo denuncias de agresiones a automovilistas y turistas que transitaban por la zona.
En cuanto al futuro de los terrenos, el ministro de Justicia no especificó cuáles serán los próximos pasos, pero dejó en claro que se hará cumplir la ley de manera estricta. Por el momento, las fuerzas de seguridad están encargadas de controlar que los terrenos ocupados ilegalmente no vuelvan a ser tomados.
