El Gobierno despidió más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago María García Videla, en el marco de una reestructuración; sin embargo en la administración del presidente Javier Milei persiste la sospecha de que algunos de esos ex empleados le habrían filtrado información al fondo Buford sobre la defensa del país en el caso YPF.
En el organismo que se encarga de la defensa del Estado desde hacía semanas que existen sospechas sobre funcionarios que vienen de la gestión de Alberto Fernández y que tendría una relación con el estudio de abogados que compró los derechos para litigar. La decisión de avanzar con los despidos sucedió luego de que la administración de Donald Trump en los Estados Unidos se presentó en la Justicia de ese país como "amigo del tribunal" de parte de Argentina. Ese gestó vino acompañado con el frenó, por una semana, a la ejecución del fallo que obliga al Estado a entregarle el 51% de las acciones de la petrolera a Buford.
Las sospechas del Gobierno de filtraciones en la Procuración del Tesoro
Al estar en "tiempo de descuento", como definen la situación judicial en el Gobierno, García Videla decidió avanzar con esta medida ante la posibilidad de que se repita el escenario de filtración de información del que sospecha. Por esa razón en Procurador del Tesoro estuvo en la Casa Rosada antes de hacer el anuncio; lo que buscaban de acuerdo a lo que reconstruyó El Observador era tener bien definidas las formas.
"El organismo, que hasta la fecha ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades en febrero del 2025, pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esto último, para limitar tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración", sostiene el comunicado oficial de la Procuración del Tesoro.
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El Gobierno despidió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro por sospechas de filtraciones.
Javier Milei y el caso YPF
"Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales", agregaron desde el organismo.
Para el Gobierno el juicio que perdió la Argentina por la expropiación mal hecha del YPF. En 2012, bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado adquirió el 51% de las acciones que tenía la empresa española Repsol pero no hizo la misma oferta al resto de los accionista en una violación al estatuto de la compañía. Ese argumento fue utilizado por la juez Loretta Preska para condenar al país a pagar una suma cercana a los US$ 16.000 millones, pero que podría ser mucho menor dependiendo de diferentes variables.
Esas variables, que harían que el precio en una negociación se reduzca de forma sustancial, son parte de la estrategia legal de la administración de Javier Milei y por eso quieren evitar filtraciones. Más aún cuando en el Gobierno saben que desde Estados Unidos están en conexión permanente con las noticias y novedades que tienen que ver con los movimientos de YPF.
