"Aquí no volverá a haber elecciones", dijo Daniel Ortega la semana pasada. Las palabras del presidente de Nicaragua generaron fuerte rechazo en la comunidad internacional, entre ellos del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que dijo que "no se quedarán de brazos cruzados". Para lograr su objetivo de excluir a la oposición, el mandatario nicaragüense quiere llevar adelante una reforma constitucional, que fue presentada este martes por la Asamblea Legislativa.
El parlamento, controlado por el oficialismo, tiene previsto debatir el proyecto a principios de septiembre. El objetivo es que en los comicios no participen "vendepatrias" ni "golpistas" al servicio de Estados Unidos, según describe Ortega a sus adversarios.
"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, al leer la parte introductoria de la propuesta, que aún no fue presentada en su totalidad. Actualmente el mandato presidencial en Nicaragua es de seis años.
La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", añadió Porras, en declaraciones recogidas por la agencia AFP
Rosario Murillo, esposa de Ortega y designada copresidenta a través de una reforma constitucional, dijo a medios oficiales que el proceso de reforma fue compartido el lunes con el cuerpo diplomático y que será previamente consultado "con todos los sectores" de la sociedad antes de su aprobación.
El plan de Ortega para mantenerse en el poder
En el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, dijo la semana pasada que no celebraría elecciones en las que compitan sus adversarios. Y adelantó que se aprobarían leyes que "les pongan un muro, un bloque a los golpistas", de forma que "por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder.
Porras aclaró luego que sí habría comicios, pero bajo un nuevo marco constitucional que los blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.
Daniel Ortega y Rosario Murillo en el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista
AFP
"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", aseguró Murillo. "Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad", añadió.
Ortega y Murillo gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Después de gobernar Nicaragua en la década de 1980, Ortega volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.
En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta. Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.
El rechazo internacional
Las últimas declaraciones del nicaragüense, de 80 años, generaron un amplio rechazo. "El gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo y Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", escribió Marco Rubio en X.
Para el jefe de la diplomacia estadounidense, las declaraciones de Ortega "demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense".
Ya en junio Rubio describió a la dictadura Murillo-Ortega como "enemiga de la humanidad", al tiempo que EEUU restringía la visa de 100 funcionarios nicaragüenses tras la muerte del líder opositor Brooklyn Rivera.
Daniel Ortega y Rosario Murillo.
AP
Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó enérgicamente los acontecimientos en Nicaragua y manifestó que "todas las personas, de todas las posturas políticas, deben poder votar y postularse a cargos públicos".
"Estos últimos acontecimientos profundizan aún más las severas restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho", expresó Türk en un comunicado.
Casi un millón de nicaragüenses se exiliaron en Costa Rica, Estados Unidos y España en los últimos ocho años. Unos 500 activistas opositores, sacerdotes, periodistas e intelectuales, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, fueron despojados de su nacionalidad y bienes.
