Entre ellos están los diez que fueron codenados por asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravada. A los funcionarios públicos se le sumó multa de entre 50 y 200 UR (según lo que cobraron ilegalmente) e inhabilitación para ejercer cargos mientras dure la condena. Otros dos, un abogado y un policía, fueron imputados porque no llegaron a un acuerdo con la fiscalía e irán a juicio.
Según la tarea que cumplían en la organización se dividían en promotores (los abogados que tienen el conocimiento de la ley), captadores (los gestores o intermediarios entre los abogados y los informantes) e informantes (los policías que son los que obtenían los datos ilegalmente y los entregaban a cambio de dinero).
Aunque aún no fueron condenados ni imputados, también se desempeñaban como informantes enfermeros, choferes de ambulancias y otras personas que trabajan en centros de salud.
Los pagos por “lucrar con la desgracia ajena”
La fiscal les adjudicó a todos “lucrar con la desgracia ajena”, ya que “apenas unas horas después de la muerte de un ser querido, o mientras un hijo permanecía internado en CTI” recibían la visita de un abogado o gestor, “sin saber que su caso ya fue vendido, tarifado y adjudicado entre los indagados antes de que ellas mismas tuvieran conocimiento de sus derechos”.
Ese lucro traía abundantes ganancias para todos. Los que estaban más arriba eran los que se llevaban la mejor parte. “Mientras que un abogado honesto cobra 20% o 15% por un trámite SOA, en esta asociación delictiva se cobra entre 30% y 45% de lo obtenido”, afirmó la fiscal.
El Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) garantiza el cobro en caso de accidentes de tránsito siempre y funciona como una póliza de responsabilidad civil exigida por ley. El seguro cubre lesiones corporales o muerte causadas a terceras personas y el tope máximo es de 250.000 Unidades Indexadas (UI) por vehículo asegurado y por accidente. Funciona sin importar quién tuvo la culpa o la responsabilidad en el choque; las víctimas lesionadas reciben cobertura de todas formas pero no suelen saberlo y de eso se agarraban los caranchos para hacer el trámite y quedarse con parte de ese dinero.
La fiscal relató que solo en el circuito liderado por uno de los abogados condenados, Gustavo Bentos, se registraron 110 transferencias por un total de $790.500 entre mayo de 2025 y agosto de 2026 hacia la red de informantes vinculada al funcionario policial de Caminera, Robby Rodríguez, también condenado.
En tanto en el circuito del policía y abogado Richard Alzugaray se documentaron pagos por $2.257.069 y US$ 8.625 distribuidos entre al menos cuatro funcionarios policiales distintos. A ello se suman decenas de transferencias adicionales, cruzadas y en muchos casos bidireccionales, con tarifas fijadas según la gravedad del siniestro (desde $3.000 por un lesionado hasta $30.000 o más por un fallecido). La fiscal afirmó tener entre 10 mil y 15 mil páginas de chats entre los imputados.
Los condenados y sus roles en "la organización": no todos se conocían
Washington García es el principal de los captadores (gestores) en el esquema armado por la fiscalía, ya que se vincula a otras 29 personas, cinco de ellos promotores (abogados). Él fijaba las tarifas que pagaba a los informantes (policías, enfermeros etc) en entre US$ 1.000 y US$ 2.000 según la comisión obtenida. Fue quien inventó lo de presentarse ante los posibles clientes como integrante de la "Asociación de Abogados y Escribanos del Uruguay".
Inicialmente y durante años trabajó captando víctimas para el abogado Bentos (durante años fue su mano derecha) pero luego se pelearon y en 2025 pasó a captar clientes para Sebastián Viera, quien le pagaba un sueldo fijo de $45.000 al mes.
Bentos es para la fiscalía otra "figura central de la estructura". "Contrata y retribuye directamente a gestores e informantes policiales para la captación de casos", afirmó. De su teléfono fueron extraídos más de 150 documentos de decenas de víctimas. Es la fuente de pagos sistemáticos y sostenidos -110 transferencias por un total de $790.500— hacia informantes y gestores.
En el caso de Viera si bien es un gestor, es catalogado como promotor por la fiscal que lo identificó como "titular de un aparente estudio jurídico" y contó que se hacía llamar "director" de un estudio (en chats se menciona que "el director les paga" a los informantes). Así se presenta en redes sociales, donde se promociona como experto en accidentes de tránsito. La fiscal dijo que tiene 14 vinculaciones probadas, lo que "no significa que sean las únicas personas con las que tiene vínculo".
De las comunicaciones entre ellos, surge que el propio Viera denominaba a la estructura "la Organización".
Viera era secundado por otra abogada condenada, Giselle Freccero y su marido, Leonardo Yorda, un funcionario de la Intendencia de Montevideo que se desempeña en Maquinaria de equipos y talleres, que actuaba como gestor.
Según la fiscalía, ella tiene 7 vinculaciones probadas, recibe casos que le deriva García pactados con Viera, quien la instruye a presentarse ante las familiares invocando pertenecer a la asociación profesional: "Ese es el teléfono, es el padre de la menor. Llámalo nomás, decile que es de mi parte, que es de la... yo digo siempre la Asociación de Abogados y Escribanos del Uruguay".
"Freccero es la segunda al mando (debajo del "director" Viera, a quien reconocen como autoridad)", afirmó la fiscal y relató que entre García, Yorda y Viera conforman un grupo en el que hablan de "cuidarse y apoyarse", "así Sebita va estar orgullos de los tres", escribió Freccero en un mensaje.
Yorda se valió de su cargo de municipal para captar a un funcionario policial que se encontraba custodiando una obra de la intendencia. En un chat le contó a Viera que pactó con el policía $10.000 por lesionado y $30.000 por fallecido.
La fiscal señaló que se identificaron en el chat 25 mensajes enviados por Viera a Yorda entre el 1 de julio y el 19 de octubre de 2025 "con partes policiales completos de siniestros de tránsito de la Dirección Nacional de Policía Caminera y de Jefaturas departamentales".
En algunos mensajes relataban que perdieron a un informante policial y trataban el asunto como un problema de "equipo". "Washington ya entendió lo que pasó, el caso se perdió", afirmó Viera y cerró: "En un equipo siempre hay que anteponer el interés colectivo".
Yorda le respondió: "Te entiendo Seba, y estás en tu derecho de pedir respeto (...) Realmente me apena mucho porque realmente me sentía como los 3 mosqueteros y que éramos un grupo fuerte. Creo que ustedes 2 se pueden a mi entender llevar el mundo por delante, son brillantes".
Los abogados, policías y gestores que serían imputados o condenados se cubrieron para no ser identificados
En otro chat, de abril, ante la demora de una familia en firmar, García le decía a Viera: "No firmaron, el muerto no firmó todavía".
Viera también daba indicaciones a uno de los policías imputados sobre lo que le pagaría: "...serían $75.000 en lesionados, más lo del fallecido (US$ 1.500) que son $67.000 a la cotización del día. Total $142.000. Es correcto? [...] Cuando el cheque se deposite y acredite en la cuenta bancaria, se te hace una transferencia a Santander por la comisión del lesionado ($67.000). Cuando se habilite a retirar del banco, los otros $75.000 te los doy como te quede mejor (deposito, giro o en la mano en efectivo)".
En otro chat García comentó a Viera que se iban a quedar con el 100% del cobro de un SOA de un indigente que murió en un siniestro.
Otro de los policías condenados, Cristian Larrosa, cumplía doble función de captador e informante. Prestaba funciones de 222 en el Hospital Maciel y se encargaba de crear los grupos de WhatsApp para intercambiar la información. La fiscalía identificó que tiene 16 vinculaciones.
Larrosa le derivaba casos a García, quién lo había captado y se disputaba el control de los lesionados que entraban al Maciel con Oscar Bleda, otro policía que hacía 222 en el hospital.
Sobre Bleda la fiscal afirmó que "utiliza el control de acceso hospitalario propio de su función para favorecer a determinados abogados y para bloquear a otros, y denuncia formalmente a una letrada competidora en el marco de esa disputa por el control del circuito de captación".
Bleda trabajaba también para Richard Alzugaray, otro abogado condenado que también es policía. La fiscal relató que Alzugaray, antes de saberse imputado, se presentó en la carpeta fiscal como defensor de Bleda. Ambos junto a Larrosa y a otros indagados, integran un grupo de whatsapp agendado como "girosss".
En su doble función de funcionario policial y abogado, Alzugaray tenía "doble poder de dañar", según la fiscalía que relató estaba desde hacía dos años de licencia médica en el Ministerio del Interior "por aparente estrés, el cual no le ha impedido trabajar como abogado ni delinquir".
Registró pagos bancarios documentados por $2.257.069 y US$ 8.625 transferidos hacia su red de informantes y colaboradores, es decir aproximadamente US$ 46.000.
Presentó una denuncia anónima contra Larrosa, con colaboración de un socio, "haciéndose pasar por una enfermara, por la filtración de datos desde el Maciel".
En su caso también fue condenado por amenazas, debido a que se presentó ante la familia de una víctima mortal apenas dos horas después de la muerte, y ofreció a una madre pagar los gastos funerarios de su hijo a cambio de hacer el SOA y pagarle del producido. "Le llevó los papeles para firmar y la víctima los firmó. Tiempo después, asesorándose con una escribana, supo que había firmado una cesión de derechos. Tanto la escribana como el hermano de la víctima le pidieron una y otra vez que les devolviera la cesión firmada, ya que no habían tenido voluntad de firmar eso ni se lo habían explicado", relató la fiscal.
Alzugaray les exigió la devolución del dinero y comenzó a amenazarlos por mensajes de audio: "Tratá de no denunciarme más...lo único que tenés que hacer tu para que yo no te moleste más es devolverme la plata...devolveme los US$ 3.000 que te presté...", "veo que esta abogada que pusiste ahora no está haciendo un carajo...mirá que bien que abogada tenés...yo estuve en el momento más duro, hasta al entierro fui, como lo hago siempre, porque tengo ética”, “los papeles quedaron destruidos el día que me dijeron que no iban a seguir conmigo ... vos lo que tenés que hacer como un hombre es comportarte bien y no estar denunciándome por medio de la abogada a la comisaría, ¿cuántas denuncias me vas a hacer en la comisaria?", decía en esos mensajes.
El abogado y policía era socio profesional de Elizabeth Frogge, otra abogada condenada. Ella, que se hizo conocida como abogada de Romina Celeste Pappaso y del sindicato de la Guardia Republicana, se vinculó con Alzugaray en abril de 2024 y mantenían hasta ahora una "extensa relación laboral". La fiscal señaló que Frogge tiene cinco vinculaciones probadas y afirmó que integra un circuito de intercambio de datos SOA con otros indagados.
Frogge le pedía datos a Alzugaray desde el lugar de algún accidente y le decía que se apurara antes de que llegara algún competidor. En otra ocasión le envió un número de cédula con un reclamo: "¿Podes pedirle al policía que se porta bien los datos de esa persona?".
Robby Rodríguez es funcionario policial que se desempeña en Policía Caminera, por lo que enviaba datos de accidentes de tránsito desde el lugar del hecho a Bentos y al otro abogado imputado. Está casado con otra informante y juntos recibieron transferencias durante más de un año.
Otro captador es un funcionario policial que fue imputado con prisión y que según la investigación, quedó involucrado en la organización cuando ingresó al SGSP para obtener información del caso. Contactó directamente a más de 30 víctimas o familiares presentándose como parte de un estudio jurídico, apenas horas después de las muertes, o a una madre con un hijo internado en el CTI. Recibió tres depósitos de $120.000 de parte de Viera por siniestros fatales y graves. Además, dirige una sub-red propia con otro agente, a quien daba instrucciones operativas directas. En total recibió más de $ 150.000.
Le pasaba información a Bentos y en otro caso contactó a las 2.30 de la madrugada a una víctima que sufrió "fractura de tibia y peroné" y coordinó que la contactaría "Sebastián (Viera) del estudio jurídico".
"La lógica del esquema queda expuesta por el propio indagado, quien justifica retener la entrega de los datos hasta asegurarse la firma del damnificado: El parte le pasamos toda la info si conseguimos la firma. Xq sino nos pueden cagar como podria pasar con cualquier otro q una vez q tiene la info se hacen los otros y quedamos x fuera", recogió la fiscal.
