El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes que el Estado provincial se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para solicitar el levantamiento del embargo dispuesto por la jueza estadounidense Loretta Preska sobre las acciones de YPF distribuidas a las jurisdicciones productoras de hidrocarburos. La medida judicial afecta directamente el patrimonio provincial, ya que Chubut posee el 8% de las acciones de la petrolera estatal.
"Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia", advirtió el mandatario durante un mensaje difundido junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero desde la histórica sede administrativa de YPF en Comodoro Rivadavia.
El fallo de la jueza Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Sin embargo, Torres aclaró que "en el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut".
Distribución accionaria y reclamo provincial
La estructura accionaria de YPF establecida tras la expropiación de 2012 determinó que el 51% quedara para el Estado nacional y el 49% para las provincias petroleras nucleadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), según una distribución basada en pautas de producción. En este esquema, Mendoza obtuvo el 20% mientras que Chubut recibió solamente el 8%, pese a ser en aquel momento la primera productora de petróleo del país.
"Al tener participación accionaria en YPF, nos vamos a presentar y solicitar que se levante el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada", explicó Torres. El gobernador fundamentó su posición en que las provincias petroleras no fueron parte del litigio iniciado por los fondos de inversión contra el Estado argentino.
La diputada nacional Ana Clara Romero confirmó que "además de defender a los chubutenses y a lo que es nuestro en el Congreso, nos vamos a presentar ante la Corte de Nueva York a cargo de Preska para pedir el levantamiento del embargo".
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Crisis petrolera e impacto económico
La decisión judicial se produce en un momento crítico para Chubut, que enfrenta una severa crisis en el sector petrolero. La producción de crudo cayó un 3,1% en los primeros seis meses de 2025 respecto al mismo período del año anterior, y un 16% menos que en 2019, cuando la provincia lideraba el mapa petrolero nacional.
Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, entre enero y mayo de 2025 se produjeron en Chubut poco más de 3 millones de metros cúbicos de crudo, frente a los 3,2 millones del mismo período del año pasado. Esta retracción productiva, combinada con la baja de precios, generó una pérdida de más de 25 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.
El retiro de YPF de varios yacimientos chubutenses en el marco del Plan Andes agravó la situación. Las áreas abandonadas por la petrolera estatal quedaron en manos de Pecom, mientras se evalúa el futuro del yacimiento Manantiales Behr, del que YPF se desprenderá antes de fin de año.
En el municipio de Comodoro Rivadavia —donde se descubrió petróleo en 1907—, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos por regalías alcanzó un 35%. Los niveles de producción actuales son comparables a los registrados durante la pandemia, lo que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la provincia.
Torres también criticó la "desprolijidad" de gestiones anteriores que "nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por ley" el acuerdo de 2012 con el Gobierno Nacional que establecía la transferencia del 49% de las acciones a los Estados productores de hidrocarburos. "Ese acuerdo nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado", expresó el mandatario.
Mientras tanto, el Estado argentino tiene un plazo de tres días adicionales antes de entrar en desacato si no cumple con el fallo o consigue un acuerdo previo. El país ya apeló esta decisión al tribunal superior de la Corte de Apelaciones, pero no hay certezas de que se expida antes de las próximas 72 horas. La justicia estadounidense volvió a fallar en contra de Argentina al rechazar el pedido de suspender la orden que obliga al Estado a transferir las acciones a los fondos demandantes.
