Contexto
¿Qué cambia con el decreto del Gobierno?
El Decreto 149/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán obligar a las empresas a realizar aportes o contribuciones a cámaras empresariales si no están afiliadas a ellas. Hasta ahora, los convenios colectivos permitían que ciertas entidades empresariales firmantes recibieran contribuciones compulsivas de todas las empresas de un sector, estuvieran o no asociadas a esas cámaras.
Según el Gobierno, esta práctica carecía de sustento normativo y era una “interpretación errónea” de la Ley 14.250, que regula los convenios colectivos de trabajo. La nueva norma aclara que los aportes podrán mantenerse, pero solo de manera voluntaria.
Además, se estableció un plazo de 90 días para la eliminación definitiva de estos pagos en acuerdos ya firmados, y el Ministerio de Trabajo no homologará nuevos convenios que incluyan cláusulas similares.
¿Cómo impacta en el sector del comercio?
El comercio es uno de los sectores más afectados por esta medida. Según estimaciones oficiales, las empresas del rubro aportaban aproximadamente $6.000 millones mensuales a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Uno de los aportes más controversiales era el destinado al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), creado en 2008, que se financiaba con un 0,5% del salario inicial de cada trabajador registrado en la actividad. En marzo, ese aporte era de $4.725,02 por empleado, lo que generaba una recaudación anual de más de $70.000 millones.
El INACAP estaba a cargo de organizar capacitaciones para los empleados del sector, pero las empresas denunciaban falta de transparencia en el uso de los fondos y cuestionaban por qué debían financiar actividades organizadas por una cámara a la que no pertenecían.
¿Qué dice el Gobierno sobre esta decisión?
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que estos aportes funcionaban como un “impuesto privado”, ya que obligaban a empresas no afiliadas a financiar estructuras empresariales.
“El Decreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”, afirmó Sturzenegger. Además, señaló que estos pagos elevaban el costo de los bienes y servicios en el comercio, afectando directamente a los consumidores.
El ministro comparó estos aportes con la “cuota solidaria” sindical que los trabajadores no afiliados deben pagar a los gremios en ciertos convenios. Si bien esa obligación se mantiene, el Ejecutivo ya analiza una medida similar para eliminar los aportes compulsivos que los trabajadores deben hacer a sindicatos, lo que podría generar un nuevo enfrentamiento con la CGT.
¿Qué opinan las cámaras empresariales y las pymes?
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) ven la eliminación de estos aportes como un alivio a su estructura de costos. Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), una de las primeras entidades en pedir esta reforma, cuestionaron la falta de rendición de cuentas sobre los fondos recaudados.
En un comunicado de septiembre de 2024, la entidad había señalado que los aportes eran una carga innecesaria y que no existía transparencia sobre el destino del dinero. “No hay una rendición de cuentas pública para entender qué hacen con los más de $60.000 millones que se recaudarían por año”, afirmaban.
Sin embargo, para las cámaras empresariales más grandes, como la CAC y la CAME, la decisión representa un golpe financiero, ya que deberán reestructurar sus fuentes de ingresos. Sin los aportes automáticos, estas entidades dependerán exclusivamente de los pagos voluntarios de sus afiliados y podrían reducir su capacidad de representación y servicios.
Cómo sigue
Con la publicación del decreto, las empresas dejan de estar obligadas a aportar dinero a cámaras empresariales, aunque pueden seguir haciéndolo de manera voluntaria. Durante los próximos 90 días, las cláusulas vigentes en convenios colectivos se mantendrán hasta su eliminación definitiva.
El Gobierno ya adelantó que no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de contribuciones obligatorias, lo que podría generar tensiones con ciertos sectores empresariales.
Además, el Ejecutivo analiza avanzar con una medida similar para eliminar los aportes sindicales obligatorios de trabajadores no afiliados, lo que podría profundizar el conflicto con los gremios y la CGT.
