La polémica jueza Julieta Makintach presentó la renuncia a su cargo después de la primera audiencia del jurado de enjuiciamiento que resolvió apartarla preventivamente y someterla a juicio político.
Como informó Revista Quórum, sobre la magistrada pesan ocho denuncias (siete particulares y una del procurador Julio Conte Grand), que se iniciaron tras su controvertida participación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, que derivó en su suspensión y la inmediata anulación del debate.
La decisión del jurado de enjuiciamiento (previa a la renuncia) fue adoptada por unanimidad en la primera audiencia del proceso, que se llevó a cabo en el Salón Dorado del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. La medida implicaba el apartamiento preventivo de Makintach del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, donde ejercía desde 2017.
La jueza ya se encontraba alejada de su función desde principios de junio, cuando fue licenciada de manera obligatoria por el Comité de Disciplina de la Suprema Corte provincial por un período de 90 días.
Ulises Giménez, secretario de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, informó a la prensa la decisión: «El jurado, por unanimidad, resolvió tomar la competencia acerca de las denuncias realizadas contra la doctora Makintach, tanto por el señor Procurador de la Corte como los particulares. También dio lugar al proceso de apartamiento preventivo».
El reclamo por su apartamiento y el escándalo por la autorización del documental
El reclamo por su apartamiento fue presentado por siete denunciantes particulares, quienes acudieron ante la secretaría de juicio político de la Legislatura provincial después de que trascendieran detalles sobre su accionar durante el juicio por la muerte del exfutbolista.
La polémica se inició a partir de la autorización para filmar un documental en pleno debate oral, lo que según los denunciantes, vulneró la seriedad y el debido proceso judicial.
Makintach se desempeñaba como vocal subrogante en el TOC N° 3, tribunal que compartía con los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Ese tribunal fue el encargado de llevar adelante el juicio por la muerte del Diez, un proceso que fue anulado tras 22 audiencias, sumando aún más polémica al tratamiento judicial del caso.
Ahora, en el caso que el gobernador Axel Kicillof acepte la renuncia, la jueza evitará el juicio político pero perderá los fueros y podrá ser citada a indagatoria en el marco de la causa que se inició por las irregularidades en la autorización del documental «Justicia Divina».