El presidente de la Nación, Javier Milei, promulgó un decreto que establece nuevas restricciones para el uso de nombres propios, imágenes y símbolos asociados a personalidades políticas en bienes del Estado Nacional. La medida busca garantizar la neutralidad de los espacios públicos y prevenir la autopromoción personal o partidaria de funcionarios.
Según el artículo 1° del decreto, queda prohibida "la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como propaganda política partidaria o culto a la personalidad política" en edificios, oficinas, monumentos y otros bienes públicos.
Asimismo, el decreto dispone que no podrán asignarse nombres de personalidades políticas a bienes del Estado hasta transcurridos 10 años desde su fallecimiento. Además, queda prohibido el uso de recursos públicos para la promoción personal o partidaria, una práctica que el texto considera una “infracción grave” a los principios republicanos.
Objetividad y ética en la administración pública
El texto argumenta que esta normativa busca proteger los bienes públicos de los “vaivenes políticos” y dotar de mayor objetividad a las denominaciones de los espacios. También enfatiza la necesidad de restablecer la confianza en las instituciones a través de una gestión pública transparente y ética.
El artículo 3° del decreto establece que los funcionarios públicos, sin importar su rango, no podrán utilizar bienes del Estado para promocionar su imagen o la de su partido. En caso de incumplimiento, el decreto habilita a los ciudadanos a realizar denuncias sin costo a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD).
Responsabilidades y sanciones
El decreto considera la violación de estas disposiciones como una infracción grave, lo que podría derivar en sanciones administrativas, patrimoniales y penales para los implicados. Además, refuerza la normativa vigente, como la Ley de Ética de la Función Pública (N° 25.188) y la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (N° 25.164), que prohíben el uso de recursos públicos para fines personales o políticos.
Con esta medida, el Gobierno busca marcar un límite claro entre la gestión pública y los intereses partidarios, promoviendo una administración más imparcial y respetuosa de los principios republicanos. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia este mismo martes.
