Luego de varios meses de negociaciones y demoras, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de un proyecto que reforma el Régimen Penal Juvenil, una normativa que rige desde hace 45 años. El texto establece que los adolescentes podrán ser imputados penalmente a partir de los 14 años, exclusivamente por delitos graves tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La propuesta fue consensuada por distintos bloques parlamentarios e incorpora iniciativas del Poder Ejecutivo, de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el bloque massista, y espacios como Democracia para Siempre. En total, 77 diputados firmaron el dictamen, que ahora podrá ser debatido en el recinto.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la eliminación de la figura del “inimputable”. A partir de su aprobación, los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser sometidos a proceso penal, aunque bajo un régimen especial con garantías reforzadas, enfoque restaurativo y una serie de limitaciones estrictas para la imposición de penas de prisión.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, la radical Roxana Reyes, remarcó: “Este régimen tiene una función resocializadora, educativa, de contención. Las medidas alternativas, la figura del acompañante y la idea de llegar a tiempo con una respuesta son claves”.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El proyecto establece que la imputabilidad regirá solo para delitos con penas graves, y no podrán imponerse sanciones privativas de libertad para delitos menores a tres años. Las penas posibles incluyen amonestaciones, servicios comunitarios, asistencia a programas educativos o de salud, y restricciones de movimiento, como la prohibición de asistir a determinados lugares.
La prisión será una medida excepcional, prevista solo para los casos más graves y por una duración máxima de 15 años, incluso cuando haya concurso de delitos. El nuevo sistema prohíbe la prisión perpetua y el alojamiento de adolescentes en cárceles con adultos.
Si la privación de libertad se vuelve inevitable, los adolescentes deberán cumplir su pena en institutos especializados o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios, con acceso garantizado a la educación, salud, apoyo psicológico y actividades culturales o deportivas.
El régimen también introduce la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, educación, trabajo social o adicciones. Este funcionario deberá monitorear el proceso de cada adolescente, realizar informes periódicos y coordinar la intervención con distintos organismos del Estado.
Además, se contempla la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, que habilita al fiscal a no continuar con la acción penal en casos determinados, especialmente cuando el hecho no haya involucrado violencia grave y la pena prevista sea menor a seis años. También se podrán aplicar mecanismos de justicia restaurativa, como la mediación penal juvenil o la suspensión del juicio a prueba, siempre con consentimiento de la víctima y supervisión del juez.
Acuerdos, disidencias y tensiones políticas
La aprobación del dictamen no estuvo exenta de tensiones internas y posicionamientos diferenciados. El bloque Democracia para Siempre, alineado con Martín Lousteau y Facundo Manes, acompañó el dictamen pero advirtió que el proyecto “no es el de Patricia Bullrich y Javier Milei”.
“Lo que estamos dictaminando es el proyecto del Congreso argentino. Se tomaron aportes de más de quince iniciativas de todos los bloques. No es un régimen punitivista: logramos sacar la idea de que a ‘delito de adulto corresponde pena de adulto’. Los adolescentes tendrán un régimen especial, distinto al de los mayores de edad”, afirmaron en un comunicado.
También destacaron logros específicos en la negociación del texto final: la prohibición de la prisión perpetua, la obligación de crear institutos específicos y separados de los de adultos, la incorporación de principios de proporcionalidad y progresividad, la supervisión externa de los centros de detención y la exigencia de garantía presupuestaria del Estado Nacional para implementar el nuevo régimen.
Desde el PRO, el diputado Cristian Ritondo celebró la aprobación del dictamen y destacó que el bloque venía impulsando esta reforma desde hace años. “El que comete un delito debe pagar las consecuencias ante la justicia, para que no haya más impunidad”, sostuvo en redes sociales.
En el mismo sentido, la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado, quien presidió el plenario de comisiones, valoró el proceso como un ejemplo de construcción legislativa colectiva: “Este proyecto es el resultado de un trabajo transversal. Escuchamos a todos los sectores y tomamos en cuenta sus aportes. El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
La diputada Soledad Carrizo (UCR) recordó que la actual ley 22.278 fue sancionada durante la última dictadura militar y ha sido cuestionada tanto en el ámbito nacional como por organismos internacionales. “Hemos trabajado intensamente para lograr una versión superadora. No desprotege ni a las víctimas ni a los adolescentes. Propone dejar de lado la persecución penal como única finalidad”, explicó.
Sin embargo, no todos los espacios políticos acompañaron el dictamen. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ratificaron su rechazo integral a la reforma, al considerar que baja la edad de imputabilidad sin garantizar primero condiciones adecuadas de contención, debido proceso y no criminalización de la pobreza.
También hubo dictámenes en disidencia. Las diputadas Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, del bloque Encuentro Federal, firmaron una propuesta alternativa que busca mantener el enfoque restaurativo pero sin modificar la edad mínima de responsabilidad penal.
Un debate estructural que llega al recinto
La aprobación del dictamen no implica aún la sanción de la ley. El texto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión intensa y con final abierto. El resultado dependerá de nuevas negociaciones y posibles enmiendas que logren garantizar mayorías.
Aun con diferencias, hay consenso en que la legislación vigente debe ser reemplazada. La actual normativa, que cumple en breve 45 años de aplicación, fue cuestionada por su origen en la dictadura y por múltiples fallos judiciales que declararon su inconstitucionalidad parcial.
