El bloque kirchnerista del Senado solicitó este miércoles una sesión especial programada para el próximo jueves 1 de febrero para expresar su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/23 emitido por el gobierno de Javier Milei. Este intento de desregulación económica, actualmente suspendido por la Justicia en áreas como la laboral, aún mantiene su vigencia en diversos aspectos.
La estrategia desplegada generó preocupación en la esfera de la vicepresidenta Victoria Villarruel y en el Poder Ejecutivo, que se verán obligados a intensificar las negociaciones para evitar que la bancada liderada por el formoseño José Mayans le propine un golpe político a una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno.
La decisión del principal bloque de oposición en la Cámara alta fue tomada enlas últimas horas, tras una reunión celebrada el martes por la tarde. En este encuentro, se acordó buscar un mayor consenso antes de avanzar con la solicitud de sesión. A pesar de los esfuerzos por lograr una masa crítica, las negociaciones no prosperaron. No obstante, la conducción de Unión por la Patria ordenó seguir adelante, incluso cuando, hasta el momento, no se garantizó el quórum necesario para habilitar el debate.
Con el ambicioso nombre de "Bases para la Reconstrucción de la Economía", el decreto fue emitido el pasado 21 de diciembre. Este ordena la desregulación en diversos aspectos de la vida económica nacional, mediante la modificación o derogación de leyes en áreas tan variadas como la relación contractual entre inquilinos y propietarios, la venta de medicamentos, reformas a las leyes laborales, el régimen de tarjetas de crédito y la compra y venta de automóviles.
El Gobierno remitió el decreto al Congreso el 5 de enero pasado, específicamente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esta comisión tiene la responsabilidad de analizar la constitucionalidad de la medida. Sin embargo, el órgano parlamentario nunca se constituyó, y tras los diez días hábiles que establece la ley, el DNU quedó habilitado para su tratamiento directo en el recinto de ambas cámaras legislativas.
De acuerdo con la ley que regula su control parlamentario, la derogación de un decreto de necesidad y urgencia requiere el rechazo explícito de ambas cámaras del Congreso. En caso de no obtenerse el voto en contra tanto de Diputados como del Senado, el DNU sigue vigente como consecuencia de la denominada sanción ficta. La redacción de esta norma estuvo a cargo de la entonces senadora y primera dama, Cristina Kirchner.
