La eliminación del artículo que establecía la emergencia en tierras indígenas despertó fuertes cuestionamientos por parte de las comunidades mapuches del sur del país, que anunciaron “duros enfrentamientos” y una “batalla sin control” para continuar con sus reivindicaciones de reconocimiento ancestral.
Agrupaciones mapuches de Neuquén y Río Negro advirtieron este martes que la decisión del Gobierno de eliminar la emergencia territorial en tierras indígenas podría traer consigo “graves consecuencias” y afirmaron que sus reclamos “no cesarán, pero sí se endurecerán”.
La medida del Gobierno coincidió con una manifestación de la Confederación Mapuche frente a la Casa de Gobierno, en conmemoración del primer año de gestión del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Durante la protesta, las comunidades mapuches exigieron la “suspensión de la entrega de permisos o concesiones petroleras en territorios comunitarios donde no se haya realizado la consulta previa”. Sin embargo, también expresaron su rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de poner fin a la emergencia territorial de los pueblos originarios.
El reclamo de las comunidades mapuches se mezcla con intereses económicos relacionados con la explotación de los recursos en Vaca Muerta. Fuentes del Gobierno sostienen que, en varias zonas donde las comunidades aseguran tener un vínculo ancestral, “no había nadie hasta que el proyecto Vaca Muerta comenzó a tomar forma”, acusando de esta forma un “oportunismo inmobiliario”.
En Villa la Angostura, las comunidades de la Paicil Antriao se instalaron en terrenos a lo largo de la inconclusa ruta de Circunvalación para impedir el avance de la obra y negociar indemnizaciones por expropiación, con la intención de conseguir nuevos lotes fiscales. Desde el Gobierno se considera que un modus operandi similar se está llevando a cabo en las zonas vinculadas a Vaca Muerta.
En el Gobierno, consideran que los mapuches ocupan los terrenos de manera abusiva
La emergencia en la posesión y propiedad de tierras de las comunidades indígenas estaba establecida en el artículo 1° de la Ley 26.160, promulgada en 2006. Esta ley se había convertido en el principal fundamento de las comunidades mapuches en las disputas territoriales en la Patagonia. La ley preveía un relevamiento territorial de las comunidades, pero el proceso quedó inconcluso en varias provincias.
Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, expresó que la derogación de la emergencia “nos deja librados a una batalla sin control” y advirtió que “puede generar enfrentamientos que lleven a situaciones que todo el mundo va a lamentar después”.
En Río Negro, anticiparon que la eliminación de los artículos de la Ley 26.160 podría desencadenar “desalojos, el uso de la fuerza y conflictos en todo el país”, pues los mapuches luchan por las tierras que sus ancestros ocuparon. Aseguran que con esta medida, el Gobierno tendría “vía libre para reprimir y sacarnos, con la intención de vender esas tierras a los capitalistas y amigos del Gobierno”.
La decisión de Milei, que también derogó el Decreto 805/2021, argumentó que la emergencia territorial generaba inseguridad jurídica, conflictos territoriales y limitaciones al desarrollo económico en diversas provincias.
Esa ley, en sus fundamentos, mencionaba que fue aprobada “para frenar desalojos y avanzar en la regularización de tierras ocupadas por comunidades indígenas reconocidas oficialmente”. Sin embargo, el decreto firmado por Javier Milei este martes sostiene que las sucesivas prórrogas de la emergencia propiciaron “un abuso del sistema”, con un aumento en la inscripción de comunidades sin cumplir los requisitos necesarios, lo que habría agudizado los conflictos territoriales en lugar de resolverlos.
La Confederación Mapuche de Neuquén calificó la derogación como un “acto de regresión en los derechos de los pueblos originarios”, mientras que defensores de los derechos humanos advirtieron que la medida podría generar un aumento en los desalojos y tensiones sociales.
