A pesar del inicio de la feria judicial, la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, continúa trayendo novedades. Recientemente, la Cámara Federal de Corrientes rechazó la solicitud del fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, que buscaba incorporar al expediente principal una denuncia contra Gustavo Javier Vera, director de la Fundación La Alameda.
Los jueces Mirta Sotelo, Selva Spessot y Ramón Luis González respaldaron la decisión de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Con esta maniobra, el fiscal trató de despojar a la magistrada de una investigación que ella le había delegado en noviembre del año pasado.
La denuncia de Pardo se llevó a cabo después de que Vera confesara en un programa de televisión de Corrientes que pertenecía a un grupo de WhatsApp que incluía, entre otros, a los procesados Elizabeth Cutaia y Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, quien afirmaba de manera engañosa ser un agente del Gobierno de Estados Unidos.
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En su momento, Vera declaró que “se hizo todo para que no se investigue” lo ocurrido con Loan y que esto tenía como objetivo “proteger a alguien”.
En ese contexto, señaló que “lo que está claro es que (Loan) no se extravió, que no se lo comió un yacaré. Acá hay una desaparición forzada que puede tener que ver con la trata de personas, con el narcotráfico, o con ambos delitos a la vez”.
Tan pronto como se presentó la denuncia de Pardo, Pozzer Penzo asignó la investigación a De Guzmán. Sin embargo, el fiscal argumentó que debía integrarse al expediente principal debido a los hechos que estarían relacionados con una red de encubrimiento establecida en torno al caso.
La jueza rechazó la opción de incorporar la denuncia al expediente que busca esclarecer lo que ocurrió con Loan. Afirmó que dicho caso se encuentra en una etapa muy avanzada y que “no admite demoras”.
Pozzer Penzo mencionó que el Código Procesal Penal establece que “no se procederá a la acumulación cuando ello determine un grave retardo para alguna de las causas...”. Añadió que, de optar por esa vía, “se daría una extensión indefinida a una causa que reviste una extrema complejidad y dificultad, pudiendo dilatarse y/u obstaculizarse el descubrimiento de la verdad”.
De Guzmán presentó una apelación al considerar que la jueza ya había incluido en el expediente principal otras dos causas relacionadas con el entorpecimiento y la obstrucción de la investigación.
En este sentido, añadió que la denuncia presentada por Pardo investiga la posible conexión de Vera con individuos acusados en el caso principal, así como su intento de obstruir la investigación sobre la desaparición del menor. Por lo tanto, estos hechos están relacionados con los que se están examinando en el caso principal.
Según los tres magistrados, “la postura asumida por la magistrada deviene acertada”, ya que el caso principal, en el que ya fueron imputados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, se encuentra en una etapa más avanzada.
En este contexto, señalaron que la magistrada “ya ha dictado dos autos de mérito respecto a los allí imputados” y que la investigación está en curso, “contando con una gran extensión en virtud del cúmulo de medidas probatorias ordenadas y pendientes de desarrollar”. Además, añadieron que la denuncia “presenta un estadio primigenio”.
El abogado Juan Pablo Gallego, representante de la familia del menor, explicó que, con esta resolución, "la Cámara Federal insta a la Fiscalía Federal a investigar a Vera en razón de su conexión con varios de los procesados".
"La Cámara le indica a los fiscales que Verá debe ser objeto de una investigación en una causa específica, por los delitos de falso testimonio, asociación ilícita, encubrimiento y entorpecimiento", indicó.
Asimismo, afirmó que "la situación de Vera se vio agravada por la declaración testimonial de José María Serbin, representante de La Alameda en Corrientes, quien descartó que el caso Loan pueda llevar a una hipótesis de trata de personas o a la pista narco, que son las que él intentó imponer en la opinión pública, con conocimiento de su falsedad".
"Esa actitud de Vera, el entorpecimiento que provocó en la causa y su relación con varios de los procesados, explica bastante el tiempo inútilmente perdido durante los primeros 100 días de la investigación. Queda claro que Vera tuvo un interés propio ajeno a la búsqueda de Loan", concluyó Gallego.
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio mientras asistía a un almuerzo en la vivienda de su abuela, situada en el paraje El Algarrobal, aproximadamente a ocho kilómetros de la localidad de 9 de Julio.
El niño, que no estaba familiarizado con el área, se extravió durante una excursión a una tapera cercana donde estaba buscando naranjas con otros cinco chicos y tres adultos (Benítez, Ramírez y Millapi).
Declaró el representante de la Fundación La Alameda en Corrientes
Esta mañana, José María Serbín, representante de la fundación La Alameda, acudió ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, en respuesta a una solicitud de la querella dirigida por los doctores Pablo Gallego y Roberto Méndez.
Durante su declaración como testigo, Serbín reiteró lo que había comunicado a los medios acerca de la implementación de la alerta Sofía en las primeras horas de la búsqueda de Loan Peña.
El defensor de derechos humanos señaló que se presentaron deficiencias en la implementación de la alerta Sofía, ya que únicamente se distribuyó el volante con la imagen de Loan. No se llevaron a cabo otras acciones preventivas esenciales en las primeras horas, como la instalación de retenes en rutas, controles en terminales, aeropuertos y fronteras, entre otros.
Serbín también detalló la actuación de la Fundación La Alameda desde el comienzo del caso, cuando el viernes 14 de junio solicitó al intendente de 9 de Julio que se comunicara de inmediato con las autoridades y activara la alerta Sofía del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Además, pidió que el caso fuera transferido de forma urgente al Fuero Federal.
De acuerdo con los protocolos vigentes y las resoluciones de la CIDH, el caso de Loan debería haberse clasificado como trata de personas desde el inicio. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que resultó en la pérdida de un tiempo crucial.
