El Gobierno nacional eliminó el Programa Volver al Trabajo (VAT), que asistía a casi 900.000 personas con una transferencia mensual de $78.000, y anunció que lo reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La última cuota se pagará en abril de 2026. La medida, comunicada formalmente por el Ministerio de Capital Humano mediante correo electrónico a cada beneficiario, representa el cierre definitivo de un esquema de asistencia directa que el oficialismo consideraba ineficaz y que tiene su origen en uno de los programas sociales más controvertidos de la gestión anterior.
La notificación confirmó lo que el diario Clarín había anticipado en febrero: el programa finalizará el 9 de abril. Según el comunicado oficial, "los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril" y quienes "manifiesten el interés de capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".
El antecedente: del Potenciar al Volver al Trabajo
Para entender el alcance del cambio, es necesario remontarse al Potenciar Trabajo, el programa social de la gestión de Alberto Fernández que llegó a tener más de 1,3 millones de beneficiarios y que era administrado en buena medida por organizaciones sociales con vínculos políticos. Ese modelo de gestión tercerizada fue uno de los blancos centrales de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desde el inicio de la gestión libertaria.
En febrero de 2024, Pettovello cuestionó públicamente la eficacia del Potenciar, señalando que, según datos oficiales, solo el 1,3% de sus beneficiarios había logrado acceder a un empleo genuino durante la administración Fernández. Con ese argumento como sustento, el Gobierno disolvió el programa y lo reemplazó por dos esquemas diferenciados: el Volver al Trabajo, orientado a personas en condiciones de insertarse en el mercado laboral, y el Programa de Acompañamiento Social, destinado a quienes enfrentan mayores dificultades estructurales. Este último, que asiste a unas 200.000 personas, no se ve afectado por la medida anunciada esta semana.
Un dato que ilustra la transformación operada durante 2024: al eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y congelar el ingreso de nuevos beneficiarios, el universo del Potenciar se fue reduciendo de manera sostenida hasta quedar en los actuales 900.000 del VAT, que además vieron cómo el valor real de su transferencia —nominalmente congelada en $78.000 desde diciembre de 2023— se erosionó significativamente por efecto de la inflación.
El esquema que el Gobierno propone como reemplazo implica un cambio de lógica: en lugar de transferir dinero directamente, el Estado financiará la formación de los beneficiarios mediante créditos canjeables en una red de instituciones educativas y empresas. Los vouchers podrían utilizarse en cursos de oficios, certificaciones técnicas y programas de inserción laboral dictados en cámaras empresarias, sindicatos, universidades, ONG y entidades privadas.
El Ministerio de Capital Humano ya inició conversaciones con empresas como Quilmes, Arcos Dorados y Mercado Libre para incorporar beneficiarios a sus propios esquemas de formación. El polo educativo central del programa es el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el centenario espacio Cresencia Boado de Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal, reinaugurado para este fin. Allí se dictan módulos de ocho clases distribuidas en dos meses, con contenidos teóricos y prácticos. La primera experiencia piloto se realizó en enero con la empresa de pinturas Sinteplast y un grupo reducido de participantes.
Sin embargo, hay aspectos centrales del nuevo sistema que aún no están definidos. El monto de los vouchers no fue establecido: según fuentes oficiales, dependerá del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles. Tampoco existe una fecha confirmada para el lanzamiento formal del esquema ni un mapa completo de la red de centros habilitados en todo el país. El propio Gobierno reconoció, además, que una parte de los actuales beneficiarios ya trabaja en la informalidad y que no todos optarán por inscribirse en las capacitaciones.
El impacto fiscal y el destino de los recursos
La eliminación del VAT implica un ahorro potencial de aproximadamente $60.000 millones mensuales, una cifra que el Gobierno no planea destinar en su totalidad al nuevo esquema de vouchers. Parte de esos recursos se orientarían a intervenciones en las 7.000 escuelas en situación de vulnerabilidad identificadas a través de los resultados de las pruebas Aprender, aunque los detalles de esa asignación tampoco fueron precisados en el anuncio oficial.
La medida se inscribe en la estrategia fiscal del Ejecutivo, que redujo el gasto social en términos reales a lo largo de 2024 y 2025. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto público acumulado cayó un 20% en términos reales entre enero y octubre de 2025. El ajuste en programas sociales fue uno de los componentes de esa reducción, aunque con distribución desigual: los programas orientados a niños registraron un aumento real, mientras que los destinados a jóvenes y adultos en edad laboral —categoría en la que se inscribe el VAT— absorbieron la mayor parte del recorte.
