El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rechazó la instalación de una planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF Global en la ciudad uruguaya de Paysandú y planteó que su administración buscará frenar el proyecto en las instancias necesarias. La iniciativa, que se perfila como la mayor inversión de la historia reciente de Uruguay, generó preocupación en la provincia argentina por su eventual impacto ambiental en la región.
Frigerio, al frente de una provincia que comparte frontera directa con Paysandú a través del río Uruguay, expresó su postura en redes sociales con una referencia explícita a un conflicto del pasado: “No podemos permitir otra Botnia”. La alusión remite a la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos a mediados de los 2000, que derivó en un prolongado diferendo bilateral y en el corte del puente internacional por parte de vecinos de Gualeguaychú.
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Reclamo ambiental y posible judicialización
El mandatario entrerriano sostuvo que ya mantuvo reuniones con autoridades uruguayas para manifestar su rechazo a la localización elegida. “La refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”, afirmó, y agregó que seguirá de cerca el estudio de impacto ambiental que incluye a la ciudad de Colón, frente a la zona prevista para la obra.
En un video difundido junto a su mensaje, reforzó su postura y planteó que la Argentina debe actuar con mayor anticipación que en conflictos anteriores. “No podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo”, dijo. En esa línea, remarcó que su gestión ya impulsó tres instancias de diálogo con participación del Gobierno nacional.
Frigerio también advirtió que no descarta recurrir a tribunales internacionales si el proyecto avanza sin modificaciones. “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”, sostuvo.
Posturas oficiales y características del proyecto
Días atrás, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa, acompañada por el estudio de impacto ambiental. Según la empresa, el diseño del proyecto fue modificado para mejorar su integración: se redujo en un 35% la superficie de la planta, se bajó la altura de las antorchas de seguridad y se amplió en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanza unas 260 hectáreas.
La iniciativa prevé, además, la generación de unos 400 puestos de trabajo directos una vez que la planta esté operativa, en una zona donde el desarrollo industrial es uno de los ejes de crecimiento económico.
Desde la Cancillería argentina se expresaron matices respecto de la inversión. En una reunión realizada en noviembre, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, junto con el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, señaló que el país no se opone al desarrollo de proyectos productivos. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión”, afirmó, aunque subrayó la necesidad de evitar tensiones como las ocurridas en el pasado.
La delegación argentina solicitó que se “extremen los recaudos” para prevenir posibles impactos negativos en las actividades de las poblaciones ribereñas. También se plantearon inquietudes sobre la ubicación de la planta y su posible “contaminación visual”, aspectos que serán evaluados en el proceso ambiental.
