¿Qué va a pasar con los miles de migrantes que continúan cruzando las fronteras de Ceuta y Melilla?
Tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta el pasado 29 de agosto de 2025 y con estimaciones que apuntan a cerca de 20.000 entradas irregulares en torno a la jornada del pasado jueves 30 de julio, las administraciones se debaten entre dos únicas vías de actuación: la derivación y acogida en la península o la devolución e implementación de entregas directas al país de origen.
Mientras se define el destino administrativo de cada recién llegado, las infraestructuras de la ciudad autónoma sufren un colapso sin precedentes. Con una capacidad ordinaria de solo 29 plazas para menores, los centros de acogida llegaron a albergar a 570 jóvenes, lo que supone un 1.600% de sobreocupación, al tiempo que el Sindicato Médico de Ceuta prevé que las pruebas sanitarias de determinación de edad podrían superar los 10.000 exámenes.
El marco legal para los menores no acompañados: traslados obligatorios a la península
Para aquellas personas cuyo examen determine formalmente que son menores de edad, el procedimiento aplicable viene marcado de forma estricta por el Real Decreto aprobado el 22 de julio de 2025, diseñado específicamente para garantizar la protección del menor y aliviar la presión sobre los territorios de frontera. Bajo este marco normativo, la Administración central dispone de un plazo máximo de 15 días naturales desde la llegada para trasvasar a los menores hacia centros ubicados en distintas comunidades autónomas. Para costear esta atención y el transporte, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 35 millones de euros a repartir entre las autonomías, asignando 5,5 millones de euros directamente a Ceuta por tratarse de la zona con mayor saturación y menor capacidad ordinaria.
Según datos aportados por fuentes del Gobierno central, la aplicación de este mecanismo ha permitido reubicar hasta la fecha a 419 menores en la península, cifra a la que se suman otros 233 traslados efectuados con anterioridad a la entrada en vigor del texto legal, alcanzando un total de 652 derivaciones. A pesar de estas salidas, la saturación no da tregua.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a exigir que se agilice el ritmo de traslado de los menores en acogida para evitar el colapso definitivo de la red de protección local, especialmente tras jornadas críticas en las que se han registrado entradas masivas de hasta 130 menores a nado en un solo día procedentes de Marruecos.
Adultos en la frontera: compromiso de devolución y freno judicial a los rechazos inmediatos
En el caso de los inmigrantes adultos, la respuesta institucional se encamina hacia la repatriación, aunque la ejecución práctica tropieza con complejos escollos jurídicos y de logística. Pese a que el presidente ceutí ha solicitado formalmente que se contemple también el traslado de adultos hacia la península para descongestionar la ciudad, el Gobierno central ha supeditado su actuación a la vía de la devolución.
Fuentes gubernamentales aseguran que existe la voluntad firme de implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han accedido ilegalmente, si bien se trata de un compromiso que aún no se ha materializado en actos formales.
Esta vía de expulsión e interceptación inmediata ha quedado fuertemente condicionada por las decisiones de los tribunales. La Asociación Unificada de Guardia Civil, el Sindicato Unificado de Policía y fuentes del propio Ejecutivo coinciden en que una reciente sentencia del Tribunal Supremo prohíbe el rechazo en frontera —las conocidas como devoluciones en caliente— cuando el acceso al territorio se produce a nado. Esta resolución impide la expulsión automática e instantánea en la misma orilla, obligando a incoar expedientes ordinarios de devolución que complican el retorno inmediato y que, según denuncian las organizaciones policiales, están actuando como un potente efecto llamada.
Para tratar de viabilizar las entregas y agilizar las devoluciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mantiene en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Ambos ejecutivos han acordado reforzar la coordinación bilateral para proceder a la entrega de los migrantes irregulares, mientras el Gobierno español agradece públicamente los esfuerzos de contención llevados a cabo en los últimos días por las fuerzas de seguridad del país vecino para frenar las tentativas de entrada.
Urgencias sanitarias colapsadas y despliegue militar en alerta
Mientras se dirime el destino de los miles de migrantes entre la península o la devolución a Marruecos, la situación asistencial sobre el terreno alcanza niveles críticos. El presidente del Sindicato Médico de Ceuta y del Colegio de Médicos local, Enrique Roviralta, denuncia que se están ignorando las peticiones de auxilio del colectivo, recordando que la ciudad autónoma fue declarada oficialmente en 2023 como una zona de difícil cobertura médica mediante Real Decreto.
La normal presión asistencial se ha visto agravada por el colapso del servicio de Radiodiagnóstico, forzado a asumir un volumen ingente de radiografías de muñeca y ortopantomografías para determinar la edad de los recién llegados, en un departamento donde apenas quedan tres profesionales y parte del trabajo se ha tenido que concertar con una empresa externa que emite los informes desde Madrid.
A esta sobrecarga administrativa en el hospital se suma la atención médica de urgencia que requiere cada persona al tocar tierra firme, ya que muchos inmigrantes presentan cuadros severos de hipotermia, agotamiento extremo, traumatismos diversos o síntomas compatibles con ahogamiento. Ante este escenario de desbordamiento de los recursos sanitarios y de emergencias, los facultativos han solicitado formalmente la intervención urgente del Estado.
En el ámbito de la seguridad y la contención en la línea fronteriza, la tensión se traslada a los sindicatos policiales y a las fuerzas armadas.
El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, ha solicitado la activación inmediata de todos los recursos disponibles de la Policía Nacional para frenar los accesos masivos y ha exigido la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska por no atender a los informes previos que alertaban de este escenario.
Por su parte, organizaciones como Jupol y Jucil califican la situación operacional de insostenible por la falta de medios humanos y materiales. Como respuesta a esta saturación de los cuerpos de seguridad, la Asociación de Tropa y Marinería Española ha confirmado que diversas unidades del Ejército de Tierra con base en Ceuta, entre las que se encuentran Caballería, Regulares y La Legión, han sido puestas en alerta preventiva por si fuera necesaria su intervención directa en apoyo a la Guardia Civil.
