El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán en las urnas el control del Congreso, una definición clave que, de cumplirse el pronóstico de las encuestas, incidirá en la política de Washington hacia América Latina. A los demócratas, el partido de oposición, les basta una ganancia neta de cuatro escaños para arrebatarle a los republicanos la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Mientras los sondeos les otorgan amplias probabilidades de ganar la cámara baja, la disputa por la cámara alta se vislumbra demasiado reñida como para anticipar un ganador.
Si bien la política exterior seguirá siendo potestad de la Casa Blanca y no se esperan cambios en la estrategia de la administración Trump, marcada por ejercer supremacía en el hemisferio, asegurar el acceso a recursos naturales, coordinar la seguridad regional y limitar la presencia de China, el panorama no será el mismo. Una Cámara de Representantes bajo control demócrata activaría de inmediato contrapesos que impactarían esa agenda.
Trump ante el Congreso de EEUU
AP
El primer efecto de una cámara baja en manos de la oposición será un aumento significativo en la fiscalización y supervisión mediante el uso de la facultad para abrir investigaciones, celebrar audiencias y emitir citaciones.
Con los comités bajo liderazgo demócrata, el Capitolio promete poner bajo escrutinio distintos frentes de la política de Trump, como el manejo de los recursos y el acuerdo petrolero con Venezuela, el uso de la fuerza militar en el Caribe y el Pacífico, la gestión de la política migratoria y los centros de detención en el exterior.
Petróleo bajo la lupa
En el caso de Venezuela, los demócratas ya han denunciado la opacidad en torno al tutelaje que la administración Trump ejerce sobre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los ingresos del país sudamericano por concepto de exportaciones de petróleo se concentran en una cuenta bajo control del Departamento del Tesoro sin que, hasta la fecha, se conozcan auditorías públicas sobre el destino y la gestión de esos fondos.
Asimismo, en la agenda de supervisión del Capitolio figura una revisión minuciosa al acuerdo energético de la Casa Blanca con la empresa North American Blue Energy Partners para la producción de petróleo en Venezuela. La compañía está vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, una figura controversial señalada en investigaciones judiciales por presuntos esquemas de corrupción y lavado de dinero.
Delcy Rodríguez y el sectetario de Energía de EEUU Chris Wright
AFP
Dan Restrepo, exdirector para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, advirtió en un foro organizado por la Cámara Colombo Americana que las investigaciones del Congreso pondrán la lupa sobre los negocios "al beneficio de gente muy cercana al presidente de los Estados Unidos y su familia", lo que convertirá la política hacia Caracas en "un eje de investigación intensa".
Operaciones militares
En materia de seguridad, Washington ha denominado como terroristas a los carteles del narcotráfico y a las bandas delictivas de la región. Para combatirlas, creó la alianza del Escudo de las Américas y lleva adelante operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental que presuntamente transportan drogas. Aunque un fallo de la Corte Suprema en 2024 amplió la inmunidad de los presidentes por actos oficiales, este no es el caso de los funcionarios del Departamento de Defensa.
Un Congreso demócrata podría investigar, mediante citaciones, la información de inteligencia que sustentó esos ataques y por qué se dejaron a un lado los protocolos de interdicción de la Guardia Costera. Asimismo, es previsible un mayor control sobre el presupuesto del Comando Sur.
Gregory Meeks, influyente legislador demócrata y líder de su bancada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, advirtió en entrevista con el diario colombiano El Espectador: "Creo que lo que ha hecho la administración Trump con estos ataques en el mar, supuestamente para frenar el narcotráfico, no resulta ser cierto".
El catálogo de frentes será extenso. De acuerdo con James Bosworth, autor del boletín especializado Latin America Risk Report, un Capitolio opositor investigará en paralelo el rescate financiero a la Argentina de Javier Milei, los intentos de influir en las elecciones de Brasil y el controvertido indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.
Asimismo, es previsible que se indague sobre el uso de instalaciones como el CECOT en El Salvador para los deportados estadounidenses y el papel de los fondos estadounidenses en estos procesos de deportación.
Aranceles y presupuesto
La administración Trump ha llevado adelante una cruzada comercial aumentando los aranceles y afectando a más de 60 países, entre ellos las principales economías de la región como Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Dan Restrepo subraya que la Constitución le otorga al Congreso facultades para controlar los aranceles, pero que bajo el dominio republicano "ha sido sumiso hacia el presidente Trump y sus políticas".
Desde su punto de vista, una Cámara de Representantes en manos de los demócratas cambiará esa postura: "Va a haber mucho más vaivén entre el Ejecutivo y el Congreso sobre temas de aranceles". Ese contrapeso podría incidir en los países más expuestos, como Brasil, donde Trump impuso en julio gravámenes de hasta el 37,5% a cientos de productos, o Colombia, que tiene un 21% de su canasta exportadora bajo un arancel del 12,5% que el gobierno de Abelardo De la Espriella intenta reducir mediante negociaciones directas con la Casa Blanca.
La Constitución también confiere al Congreso la facultad de definir el destino del gasto público, un mandato en que la bancada republicana ha cedido terreno frente al Ejecutivo. Las reducciones a la asistencia exterior impulsadas por la administración Trump , como el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han reconfigurado los vínculos de Washington con América Latina.
Aunque restablecer la agencia resulta inviable mientras Trump permanezca en el poder, una Cámara de Representantes demócrata buscará recuperar protagonismo en el reparto de la ayuda exterior, a pesar de que los límites de esa puja ya son visibles tras los continuos fallos judiciales favorables a los recortes de la Casa Blanca.
Este pulso presupuestario pondrá a prueba proyectos estratégicos en la región, en particular el anunciado paquete de cooperación de más de 1.000 millones de dólares que la administración Trump proyecta para Colombia o posibles nuevas ayudas a países con gobiernos muy cercanos a la Casa Blanca como Argentina.
El péndulo
Un triunfo demócrata en las urnas enviaría una señal a capitales de la región. Gobiernos como el de Javier Milei en Argentina, Abelardo De la Espriella en Colombia o Daniel Noboa en Ecuador han apostado por una alineación casi exclusiva con la Casa Blanca, apoyándose en la sintonía directa con Trump.
Javier Milei y Donald Trump
AFP
Sin embargo, la eventual pérdida de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes les recordaría que los acuerdos bilaterales no pueden quedar reducidos a una relación personal con el Ejecutivo, sino que requerirán reconstruir un respaldo bipartidista sólido en el Capitolio. Las midterms funcionarían como una advertencia sobre la temporalidad del poder: quienes hayan concentrado su capital diplomático en la órbita de Trump y descuidado los lazos con el Partido Demócrata podrían verse forzados a reajustar sus estrategias.
Tras las elecciones difícilmente cambiará la visión estratégica de Washington hacia el hemisferio. El impulso de la "Doctrina Donroe" y su empeño por blindar la preeminencia estadounidense frente a rivales geopolíticos seguirían marcando la pauta desde la Casa Blanca.
No obstante, los comicios sí definirían el grado de resistencia que enfrentará Donald Trump en el Congreso. La eventual recuperación de la Cámara de Representantes por los demócratas reactivaría los contrapesos constitucionales, poniendo a prueba los límites del poder presidencial en terrenos como las investigaciones legislativas, la imposición de tarifas comerciales y el condicionamiento de la ayuda exterior.
