El Gobierno desmiente el cierre del hospital Bonaparte y anuncia una mesa de trabajo

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“El Ministerio de Salud no dispuso la interrupción del funcionamiento del Hospital Laura Bonaparte”, sostuvo Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa de esa cartera.

Explicó que el viernes pasado lo que habían iniciado era “un proceso de reestructuración de ese centro nacional con los equipos técnicos” que se vio “interrumpido por las medidas de fuerza”. En ningún momento, según mencionó la funcionaria, se había considerado el cese de prestaciones en el Bonaparte.

Sin embargo, ese día se distribuyó a lo medios un comunicado que señalaba: “El Ministerio de Salud inició el plan para el cierre del Hospital Bonaparte. Desde el inicio de la gestión se trabajó en la normalización del hospital producto de la subutilización en función de su capacidad”.

Ahora, según continuó Loccisano, esperan que se levanten las medidas de fuerza en el Bonaparte para continuar con la reestructuración. Por el momento, la primera decisión adoptada es disponer la derivación de nuevas internaciones y consultas ambulatorias “para evitar un aumento de la carga de trabajo de los profesionales que van a estar involucrados en la reestructuración”, dijo quien también cumple funciones de viceministra del titular de Salud, Mario Lugones. La segunda medida, esta semana, sería definir qué pasos van a seguir.

Para las derivaciones, según se afirmó durante la rueda de prensa, ya estarían en diálogo con el Ministerio de Salud porteño por la proximidad del Bonaparte, que está ubicado en el barrio de Parque Patricios, con los hospitales especializados en salud mental Borda y Moyano, para los pacientes adultos, y el Tobar García para la atención de chicos y adolescentes.

Las “razones” de la decisión de Lugones y su equipo sobre este hospital nacional se debió a lo que Loccisano definió como “dos situaciones de alta criticidad” a partir de un informe de 2023 y otro de mayo de este año de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que encuadraban esas irregularidades en un incumplimiento de las leyes de Salud Mental y de Derechos de los Pacientes.

Según se detalló durante la conferencia de prensa –los informes no están disponibles–, se detectó que había pacientes con tratamientos prescriptos sin intervención médica documentada, historias clínicas con deficiencias (sin detalle de antecedentes clínicos o aclaraciones de los profesionales tratantes y sus firmas) y “alta deficiencia” en la asignación de recursos públicos.

Sobre este último punto, la viceministra reiteró, como el ministerio lo viene haciendo en los últimos días, que de 60 camas disponibles se utilizan menos de 20 por mes y que disminuyeron las consultas en un hospital con un plantel de 600 profesionales y no profesionales.

“La consulta por consultorios externos nos cuesta entre $100.000 y 120.000, un valor muy por encima del costo en el sistema. Es el doble o el triple que en el sector privado”, planteó Loccisano a partir del presupuesto asignado y las prestaciones realizadas. “Estamos poniendo recursos donde no debemos”, infirió.

Este presupuesto con el que el hospital inició el año era de $6600 millones. El monto asignado en el Presupuesto Nacional para 2024 asciende a los $17.000 millones.