El flamante ministro de Salud, Mario Iván Lugones, asumió su cargo con una decisión tajante: pidió la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan. Esta medida fue adoptada luego de que el Consejo aprobara, sin consulta previa con las autoridades nacionales, un bono extraordinario de $500.000 para todo el personal del hospital. La decisión generó malestar tanto en el Ministerio de Salud como en otros sectores del gobierno, desencadenando una crisis interna que involucra al personal de la institución y a representantes sindicales.
Por la tarde, el ministro designó a las nuevas autoridades del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, uno de los centros de salud pediátrica más importantes del país.
El nuevo Consejo estará integrado por tres representantes del Gobierno en lugar de cuatro, como era anteriormente. La presidencia será ocupada por Soraya Anis El Kik, médica pediatra y especialista en administración hospitalaria, con más de tres décadas de experiencia en el Hospital Garrahan. Junto a ella, se incorporan Roberto Agustín Dalmazzo, contador público y exdirector del hospital, y Jorge Menehem, médico pediatra, neumonólogo y actual presidente de la Fundación Garrahan, quien también cuenta con una trayectoria extensa dentro de la institución.
Según fuentes cercanas al Ministerio, el bono fue una decisión unilateral del Consejo, que no respetó las pautas salariales y los criterios establecidos por el Estado Nacional. Además, el ministro Lugones subrayó que no se realizaron las consultas necesarias con el Gobierno antes de otorgar este beneficio, lo que motivó la drástica resolución de solicitar las renuncias de los directivos. "Estamos comprometidos con la responsabilidad fiscal, y cualquier medida que comprometa nuestras finanzas será corregida de inmediato", señalaron voceros de la cartera de salud, alineándose con la política de "déficit cero" impulsada por el presidente Javier Milei.
El Consejo de Administración estaba integrado por reconocidos profesionales de la salud, entre ellos los médicos Oscar Imventarza, cirujano general y especialista en trasplante hepático; Patricia Elmeaudy, médica pediatra y sanitarista; Oscar Pérez, pediatra y médico legista; Andrés Scarsi, médico clínico, y Silvia Prieri, experta en planificación y diseño de políticas sociales. Todos ellos fueron convocados a presentar sus renuncias, a pesar de haber justificado el bono como una medida necesaria para mejorar las condiciones salariales del personal del hospital.
Tensiones en el Garrahan: el bono como desencadenante
El bono otorgado por el Consejo del Garrahan, cuyo monto asciende a $500.000, fue pensado para aliviar la brecha salarial entre los altos directivos y el resto de los empleados de la institución. Según los registros salariales, los miembros del Consejo percibían ingresos cercanos a los $5,5 millones mensuales, una cifra que contrastaba notablemente con los sueldos de los profesionales de base y los técnicos. Esta situación generó malestar dentro del hospital y, para evitar una escalada del conflicto, el Consejo decidió otorgar el bono, que sería financiado con los fondos propios del hospital, obtenidos a través del cobro de servicios a obras sociales.
Sin embargo, el nuevo ministro de Salud, que asumió en reemplazo de Mario Russo, consideró que la medida no solo fue inconsulta, sino que también violaba los principios de austeridad que el gobierno de Javier Milei puso en primer plano desde su asunción. En este sentido, Lugones señaló que cualquier decisión que comprometa las finanzas públicas debe ser revisada y justificada, y que la entrega de un bono tan elevado, sin la debida evaluación, era inaceptable bajo las circunstancias actuales.
El personal del Garrahan, por su parte, respondió de inmediato. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que representa a los trabajadores del hospital, criticó duramente la postura del nuevo ministro y adelantó que podrían desencadenarse nuevas medidas de fuerza. Norma Lezama, secretaria general de la APyT, fue categórica al señalar que “las declaraciones de Lugones no nos sorprenden: es un representante de la salud privada, su concepción es la salud como negocio y por eso le espanta que el personal del Garrahan reciba un bono por única vez de $500.000”. Lezama también subrayó que “Lugones va a cobrar como funcionario varios millones de pesos por mes, mientras nosotros vivimos con un salario por debajo de la canasta de pobreza".
El sindicato argumenta que el bono fue una conquista importante en medio de siete semanas de conflicto, aunque consideran que es insuficiente. "No pagamos el alquiler o los servicios por única vez”, continuó Lezama, haciendo referencia a que los costos de vida de los trabajadores siguen siendo insostenibles. Por ello, desde la APyT exigen que el bono sea incorporado al salario básico de todo el personal del hospital. Ante la negativa del Gobierno a mantener el bono, el gremio ratificó las medidas de fuerza previstas para los días 8 y 9 de octubre, que incluyen una movilización al Ministerio de Economía el 8 de octubre. “Si se meten con el Garrahan, si bloquean el bono, van a desatar un tsunami de indignación. No nos vamos a rendir”, advirtió la dirigente sindical.
El perfil de Mario Lugones y su trayectoria en la salud
Mario Iván Lugones, de 77 años, es un experimentado cardiólogo con una trayectoria amplia tanto en el sector público como privado. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1972 y después se especializó en cardiología en la Universidad del Salvador. A lo largo de su carrera, ocupó cargos de gran responsabilidad en varias instituciones médicas del país. Entre ellas se destaca su paso por el Hospital Dr. Cosme Argerich, donde trabajó como médico concurrente en el área de cardiología y asumió más tarde la jefatura de la Unidad Coronaria.
Sin embargo, uno de los hitos más destacados de su carrera fue su trabajo en el Sanatorio Güemes, donde Lugones fue jefe de guardia y jefe de clínica de la Unidad Coronaria. En 2000, fundó la Fundación Sanatorio Güemes, enfocada en la docencia médica y la investigación clínica. Este rol lo consolidó como una figura clave en el ámbito de la medicina privada, aunque su trayectoria también abarca colaboraciones en entidades como la Fundación Favaloro y el PAMI.
Lugones ya tenía una relación cercana con el gobierno de Javier Milei antes de asumir formalmente como ministro de Salud. Desde los primeros días de la gestión libertaria, fue asesor en temas sanitarios, participando en reuniones de gabinete y colaborando en la definición de políticas de salud pública y gestión hospitalaria. Aunque su designación no fue inmediata, su influencia en las decisiones del gobierno fue notable desde el inicio.
El nuevo ministro, que reemplazó a Mario Russo, juró su cargo en medio de una reestructuración en el gabinete de Milei. La llegada de Lugones al Ministerio de Salud marca el tercer cambio significativo en la administración, después de la salida de Guillermo Ferraro del área de Infraestructura y el desplazamiento del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a principios de año.
