En un movimiento que podría transformar significativamente el transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei está a punto de formalizar la transferencia de competencias sobre 31 líneas de colectivos a la administración de Jorge Macri. Este cambio incluye la potestad para definir recorridos, tarifas y frecuencias, además de una reducción significativa en los subsidios nacionales, lo que pone en juego $8.500 millones por mes. El decreto correspondiente se conocerá en las próximas horas, aunque todavía se negocia la posibilidad de un período de transición para moderar el impacto.
La decisión del Gobierno nacional de traspasar la administración de 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad a la jurisdicción porteña no sólo implica un cambio en la autoridad reguladora, sino que también conlleva una significativa reducción de los subsidios otorgados por Nación. Estas subvenciones han sido cruciales para mantener las tarifas estables y financiar el sistema de boleto integrado de la Red SUBE. De acuerdo con las fuentes consultadas, si no se llega a un acuerdo en las negociaciones actuales, los costos del transporte en estas líneas podrían aumentar drásticamente, lo que podría llevar el boleto a $642 en lugar de los $371 que abonan actualmente los usuarios.
El gobierno de la Ciudad, por su parte, ha expresado su preocupación por la capacidad financiera de asumir este nuevo rol sin un tiempo adecuado para prepararse. "Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura", señaló Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura porteño, en declaraciones radiales.
Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el alcalde porteño, Jorge Macri, han estado en contacto directo para negociar los términos de la transferencia. Desde la Ciudad aseguran que, sin un acuerdo, el sistema de transporte podría colapsar o requerir un aumento significativo de las tarifas. Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que esta medida busca equiparar la situación de CABA con la del resto de las provincias argentinas, donde los subsidios ya fueron eliminados a principios de año.
Antecedentes del conflicto
El traspaso de las competencias en materia de transporte a la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una disputa más amplia entre Nación y CABA por la coparticipación de los fondos. En 2020, el gobierno de Alberto Fernández recortó el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, lo que llevó a un prolongado litigio que culminó con un fallo de la Corte Suprema que ordenó a Nación devolver los fondos retenidos. Luis Caputo confirmó que, como parte de ese fallo, la Nación comenzó a girar $20.000 millones de pesos por semana a CABA, aunque la Ciudad reclama una deuda acumulada de $5 billones.
En este contexto, la eliminación de los subsidios al transporte por parte de Nación aparece como un nuevo frente de conflicto, agravando las tensiones ya existentes. El traslado de las competencias de transporte a CABA y la provincia de Buenos Aires busca, según Caputo, "igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia". Este enfoque de Nación pretende reducir el gasto público, trasladando las responsabilidades directamente a las jurisdicciones locales.
Desde Uspallata, sede del gobierno porteño, insisten en que aún no tienen la potestad de definir tarifas ni otros aspectos relacionados con el transporte público, lo cual solo cambiará una vez que se concrete la transferencia total de competencias. En Nación, la postura es clara: "No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad", declaró Franco Mogetta, secretario de Transporte, al referirse al tema.
La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, analiza cuidadosamente la "letra chica" del acuerdo antes de aceptar la transferencia total. Mientras tanto, Jorge Macri, quien ha estado totalmente enfocado en resolver este conflicto, optó por no participar en un acto del PRO en Entre Ríos, destacando la importancia y urgencia que reviste este tema para su gestión.
Además, la situación presenta un desafío particular debido a las diferencias en la estructura tarifaria que podrían surgir entre las 31 líneas transferidas a la Ciudad y las 103 líneas nacionales que también operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las líneas nacionales, que mantienen una cabecera en CABA y otra en la provincia de Buenos Aires, seguirán recibiendo subsidios de Nación, lo que podría resultar en tarifas desiguales dentro de la misma ciudad.
El impacto en los usuarios
Uno de los aspectos más sensibles de esta transferencia es el futuro del boleto integrado de la Red SUBE, que permite a los usuarios realizar múltiples combinaciones de transporte con descuentos progresivos. Con la nueva disposición, la Ciudad de Buenos Aires deberá asumir un costo adicional de $1.500 millones mensuales para mantener este beneficio, mientras que la provincia de Buenos Aires enfrentará una carga de $6.500 millones.
El sistema de la Red SUBE ha sido un elemento clave en la movilidad de los habitantes del AMBA, permitiendo hasta cinco combinaciones de transporte en un lapso de dos horas, con descuentos que van del 50% al 75% en los siguientes viajes. La continuidad de este sistema en su forma actual está en duda, lo que podría afectar directamente la economía de los usuarios y su capacidad de movilizarse de manera eficiente y económica.
Por otro lado, las empresas de transporte han advertido que, sin los subsidios necesarios, la continuidad del servicio en las líneas afectadas está en riesgo. En particular, se mencionan posibles recortes en los servicios nocturnos y una reducción general en las frecuencias si no se llega a un acuerdo favorable.
