El Gobierno nacional anunció este lunes modificaciones en los requisitos para acceder a pensiones no contributivas por invalidez, a través del Decreto 843/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida responde a los primeros resultados de una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reveló importantes irregularidades en las bases de datos de beneficiarios.
Según la auditoría, de las primeras 10.900 pensiones revisadas en la región metropolitana, que abarca más de 330.000 beneficios otorgados, la mayoría de los pensionados no residía en los domicilios declarados, y menos de la mitad cumplía con los requisitos establecidos para acceder a dicha prestación. Ante estos resultados, el Gobierno decidió implementar una serie de controles más estrictos para corregir estas irregularidades y evitar abusos en el sistema.
En las redes sociales, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles sobre el impacto del sistema actual y los cambios que se avecinan. "El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025. El nuevo decreto vuelve a exigir lo obvio respecto de este gasto: que la pensión por invalidez requiera invalidez y que los beneficiarios no posean un vínculo laboral dado que la pensión fue creada para quienes no pueden trabajar", indicó Sturzenegger. Además, destacó que esta medida "da otro paso para construir un Estado más justo y austero".
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El decreto establece nuevos procedimientos para detectar y corregir las irregularidades identificadas en el sistema, asegurando que quienes realmente necesitan el beneficio sean los únicos en recibirlo. Este ajuste en las reglas busca poner fin a lo que el Gobierno ha calificado como un abuso del sistema durante las administraciones anteriores.
Irregularidades detectadas en el sistema
La auditoría de la ANDIS no solo reveló inconsistencias en la residencia de los beneficiarios, sino también numerosos casos de incompatibilidades con los requisitos establecidos. Entre las irregularidades más notorias, se encontraron casos como el de un pensionado cuyo hijo afirmó que su padre se encontraba en Egipto "desde hacía meses", o el de una mujer que intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, de lo cual no existía registro en los sistemas estatales.
Federico Sturzenegger subrayó en redes sociales que las irregularidades no son un fenómeno reciente y que el número de beneficiarios de pensiones no contributivas creció de manera exponencial durante los gobiernos kirchneristas. "Entre 1999 y 2003, las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000", explicó el funcionario. Sturzenegger también criticó que, con el regreso del kirchnerismo en 2019, el número de beneficiarios volvió a incrementarse hasta alcanzar 1.200.000, lo que representa el 2,6% de la población total y el 5,5% de la población económicamente activa.
Las autoridades encargadas de la auditoría estiman que el fraude detectado podría representar un desvío de fondos estatales de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año. Por eso, las medidas adoptadas buscan corregir estos desvíos y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Diego Spagnuolo, responsable de la ANDIS, confirmó que la auditoría se extenderá a la totalidad del padrón de beneficiarios de pensiones por invalidez, lo que implica la revisión de cada uno de los casos. "No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de verificación", adelantó Spagnuolo.
Requisitos actualizados para acceder a pensiones por invalidez
El Decreto 843/2024 establece un conjunto de requisitos más estrictos para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez. Estos cambios buscan asegurar que solo aquellos que realmente se encuentran incapacitados para trabajar puedan recibir el beneficio.
Los nuevos requisitos incluyen:
- Encontrarse incapacitado en forma total y permanente: se presume que es total cuando la invalidez produzca una disminución del 66 % o más en la capacidad laborativa. Este dato se informará mediante la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO) y su documentación médica respaldatoria, en el que deberá indicarse patología y grado de incapacidad, suscripto por profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la Andis. El Certificado contemplará las condiciones de salud, los detalles de las causales de incapacidad laboral y el contexto socioeconómico del solicitante.
- No poseer un vínculo laboral formal ni encontrarse inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente.
- Acreditar la identidad, edad y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad.
- Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia continuada en el país de por lo menos tres años anteriores al pedido del beneficio.
- Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. Esa condición deberá ser acreditada con la presentación del DNI para extranjeros, información que surja de los sistemas internos. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de tres años por parte de sus padres, madres, tutores, guardadores o curadores.
- No estar amparado el peticionante por un régimen de previsión, retiro permanente o pensión de carácter contributivo o no contributivo.
- En el caso de solicitantes menores de edad, no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos, o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo.
- No tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico, o que, teniéndolos, no sea suficiente para la subsistencia.
- No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. Andis será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de evaluar y acreditar el cumplimiento de este requisito.
- No encontrarse detenido en establecimientos penitenciarios o a disposición de la Justicia.
