Este proceso podría afectar a entre 120.000 y 160.000 pensionados, quienes perderían el acceso a estas ayudas en los próximos meses.
El Gobierno decidió eliminar más de 120.000 pensiones
El Gobierno Nacional tomó la decisión de llevar a cabo un proceso exhaustivo de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con el fin de identificar y eliminar beneficios otorgados de manera irregular.
Este proceso podría afectar a entre 120.000 y 160.000 pensionados, quienes perderían el acceso a estas ayudas en los próximos meses. La medida surge como respuesta a la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones, buscando asegurar que el apoyo estatal llegue únicamente a quienes verdaderamente lo necesitan.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en colaboración con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició este proceso de auditoría sobre un total de 400.000 beneficiarios de estas pensiones. Las revisiones comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego expandirse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. Según las estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes proporcionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que significa que una cantidad significativa de personas podría verse afectada.
Una revisión preliminar de 2.559 casos reveló que solo el 7% de ellos cumplían con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que llevó a una intensificación de las auditorías. En esta revisión, se detectaron irregularidades que incluían la presentación de documentación médica falsificada, el uso de radiografías idénticas en diferentes expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones necesarias para la invalidez laboral.
El objetivo principal de estas auditorías es garantizar una distribución justa y transparente de los recursos públicos. "No buscamos perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta", declaró Diego Spagnuolo, Director de la ANDIS. Spagnuolo subrayó que el propósito es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos estatales lleguen a quienes realmente los requieren.
Además de las auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. Las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y el poder judicial, están comprometidas con depurar el sistema de pensiones y responsabilizar a aquellos involucrados en la gestión indebida de estos recursos.
Las personas que reciben esta Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente serán las más afectadas. Este tipo de pensión está destinada a quienes, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Sin embargo, se identificaron casos en los que los beneficiarios poseen bienes no declarados, como propiedades o vehículos, o incluso tienen empleo formal, lo que es incompatible con el beneficio.
Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, que en agosto de 2024 era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre tras un ajuste del 4,03%.
El proceso de auditoría ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y se espera que se extienda a otras regiones del país en los próximos meses.