Lo que importa
- Gabriela Nahir Fernández, nacida como Gabriel, cumple condenas por delitos de violencia de género y abusos hacia sus parejas y otras mujeres.
- En 2018, tras adoptar una identidad de género femenina, fue trasladada a un pabellón femenino, donde continuó ejerciendo violencia contra otras internas.
- Fernández fue recientemente acusada de violar y dejar embarazada a otra interna, lo que provocó un fallo judicial para su traslado a un lugar sin contacto con otros reclusos.
- El fallo subraya la dificultad de proteger los derechos de todas las internas cuando se da prioridad a la identidad de género de Fernández.
- El caso destaca una problemática en los sistemas penitenciarios que no están preparados para alojar a personas transgénero que cometen delitos de violencia.
Contexto
¿Quién es Gabriela Fernández y por qué ha generado controversia su identidad de género?
Gabriela Nahir Fernández, nacida como Gabriel, es una persona transgénero con un historial de condenas por violencia de género y delitos asociados a ataques a sus parejas. En 2018, Fernández adoptó una identidad de género femenina, lo que provocó su traslado del pabellón masculino al femenino en la cárcel de Bouwer, Córdoba. Este cambio generó cuestionamientos debido a que, a pesar de identificarse como mujer, Fernández continuó ejerciendo violencia hacia mujeres dentro del pabellón femenino.
¿Qué delitos ha cometido Fernández y cómo han influido en su situación penitenciaria?
Fernández ha sido condenada por diversos delitos relacionados con violencia de género, entre ellos, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas hacia sus parejas, todas mujeres. Tras su cambio de género y traslado al sector femenino de la cárcel, Fernández fue denunciada nuevamente por sus compañeras internas, lo que demuestra un patrón de conducta que persiste independientemente de su identidad de género. El último de los incidentes, en julio de 2024, fue una acusación por violación a una interna, quien quedó embarazada, lo que ha desencadenado una decisión judicial para su reubicación.
¿Cómo ha respondido la Justicia a las denuncias contra Fernández y a la polémica en torno a su alojamiento en un pabellón femenino?
La Justicia de Córdoba, a través de un fallo de la Cámara de Acusación, decidió mantener a Fernández en prisión preventiva y ordenó su traslado a un área de reclusión sin contacto con otros internos. Los jueces subrayaron que la prioridad de respetar los derechos de identidad de género de Fernández ha puesto en riesgo a 481 mujeres en el establecimiento penitenciario. Además, mencionaron que el actual sistema carcelario no cuenta con medidas adecuadas para gestionar casos de personas transgénero que tienen un historial de delitos de violencia.
¿Qué desafíos plantea este caso para el sistema penitenciario y la aplicación de la Ley de Identidad de Género?
El caso de Fernández resalta las dificultades que enfrentan los sistemas penitenciarios para equilibrar los derechos individuales de identidad de género con la seguridad de la población general. Aunque la Ley de Identidad de Género garantiza el reconocimiento de identidad autopercibida sin requisitos previos de evaluación, el tribunal cuestionó la “laxitud” de estas normas cuando se trata de personas que representan una amenaza para otros. Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de crear espacios seguros tanto para las personas transgénero como para los demás internos.
¿Existen antecedentes de casos similares y cómo se han manejado?
Sí, existen antecedentes en otros países, como el caso de Karen White en el Reino Unido. White, una prisionera transgénero con un historial de delitos sexuales, fue trasladada a un pabellón femenino donde agredió a otras internas. En ese país, el sistema penitenciario implementó medidas especiales para reclusos transgénero, creando unidades específicas. Este antecedente fue considerado por la Justicia de Córdoba al recomendar que Fernández sea alojada en un espacio donde no esté en contacto directo con mujeres ni hombres.
Cómo sigue
El fallo judicial establece que Fernández debe ser trasladada a una celda especial, sin contacto directo con otros reclusos, mientras se evalúa su situación y se preparan espacios adecuados para casos como el suyo en el sistema penitenciario. Este caso ha abierto un debate sobre la necesidad de que las prisiones cuenten con instalaciones y protocolos que respeten tanto la identidad de género de los reclusos como la seguridad del resto de la población carcelaria. Además, el proceso judicial de Fernández continuará, y es probable que la acusación de violación y embarazo de una interna agrave su situación penal.
Este proceso también podría motivar cambios en la normativa carcelaria y una revisión de la Ley de Identidad de Género, especialmente en situaciones que involucran personas con un historial de violencia y conductas reincidentes. Las próximas decisiones judiciales y administrativas marcarán el camino hacia un equilibrio entre los derechos de identidad y la protección de las personas afectadas dentro del sistema penitenciario.
